En el 2013 –tras una larguísimo proceso de nueve años- la Comisión para la Promoción de la Competencia COPROCOM multó a Credomatic por prácticas anticompetitivas en el mercado de pagos con tarjetas de crédito y débito que afectaron a consumidores, comercios y bancos competidores.
Fue la más alta sanción de la historia del país. Pero nunca se cumplió. Por el contrario, fue anulada dos años después por decisión política del Ministro de Economía de entonces Welmer Ramos, que ahora se justifica en una orden vinculante que –efectivamente- dictó la Procuraduría General de la República.
Hay muchísimas interrogantes acerca de este intrincado caso. Pero lo cierto es que el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial primero, y el Tribunal de Apelación después, han confirmado fehacientemente que la sanción impuesta por COPROCOM era correcta. Más aún, esos tribunales no solo dictaron sobreseimiento definitivo contra los comisionados demandados por Credomatic, sino que establecieron que el ahora diputado no tenía facultad legal para anular la resolución.
¿Qué hilos manejaron la trama para torcer los brazos de un proceso sancionatorio de tal calibre que ahora está en investigación del Ministerio Público? ¿Quiénes concretamente habrían movido esos hilos para intentar por todos los medios de librar a Credomatic de la sanción? Por primera vez en medios de comunicación los comisionados David Solano Ortiz y Stephan Brunner cuentan su historia.
