Fotografía: Semanario Universidad
Entre la larga huelga del año pasado y la actual de la Caja del Seguro Social, los diputados han intentado poner los renglones a derecho, los puntos sobre las íes, para aclarar los extremos de la reforma procesal laboral que dejó en un estado de confusión e incertidumbre social y jurídica a los indefensos usuarios de servicios públicos; aquella reforma de la Administración Solís Rivera que facilitó a los sindicatos expeditas vías de paralización y afectación de servicios públicos con cero consecuencias.
Ahora, tan pronto como a finales de este mes o a inicios del próximo, el presidente del Congreso y en gran medida artífice de esta reforma, Carlos Ricardo Benavides, espera que el plenario dé paso a la reforma que tiene –todo parece indicar- buen ambiente para su aprobación.
Si eso ocurre, los servicios públicos quedaran tipificados como esenciales o trascendentales. Y la definición no será menor. En los esenciales –como la salud- no habrá más opción de huelga sin afectación al salario o a la permanencia misma en las preciadas plazas en propiedad del sector público. En los trascendentales –como educación- sí se mantendrá la posibilidad de paralización, pero con cumplimiento de condiciones de operación mínima y plazos máximos. Conversamos con el diputado presidente Carlos Ricardo Benavides.
