Las extensas jornadas de acercamiento del fin de semana no llegaron a buen puerto. Las autoridades apostaron al imperio de la ley y propusieron a la dirigencia de brazos caídos ir a un arbitraje o un contencioso administrativo para que un tercero externo dilucidara el pulso que libran por los controvertidos y muy onerosos pluses salariales. Pero ellos no aceptaron.
Los dirigentes quieren doblegar al gobierno llevando la falta de atención a los pacientes al extremo del mayor debilitamiento posible para obtener un compromiso que mantenga el otorgamiento de los privilegios salariales en la jugosa escala porcentual, porque los montos fijos nunca han sido lo acostumbado. Por lo menos no desde que la famosa ley de enganche médico se aprobara después de hincar al gobierno del extinto don Luis Alberto Monge Alvarez tras una larga huelga allá por 1982.
Esta huelga entonces continúa sin vislumbrarse -por ahora- nada más que el empeoramiento de la prestación de servicios porque aunque la mayoría de los funcionarios de la CCSS siguen trabajando, la huelga parcial lo afecta todo: al menos la mitad de las intervenciones programadas y casi un 40% de las consultas externas generales y especializadas durante la primera semana del paro.
El Ejecutivo tiene limitados márgenes de maniobra. No puede rendirse ante los sindicatos porque las diversas oposiciones políticas vigilan celosamente el cumplimiento de los compromisos de limitación del gasto público y, de algún modo, es rehén de las circunstancias; una debilidad tan expuesta que los traileros ya anuncian su intención de volver a la carga nada más y nada menos que cerrando las fronteras terrestres y marítimas del país.
En este río revuelto, no hay ganadores. Todos vamos perdiendo. Así son los tiempos de la alteración democrática. Con el politólogo Gustavo Adolfo Araya Martínez hacemos nuestro Hablando Claro.
