El socavamiento del puente que comunica Tibás con San José (la semana pasada) y los inmensos atascos viales que provocó, constituye solo un ejemplo del problema de inundaciones urbanas que padecen los cantones de las áreas más densamente pobladas del centro del país.
Esto deja al descubierto el estado calamitoso de los alcantarillados pluviales, que como todos somos testigos (y muchos víctimas directas) producen no solo pérdidas millonarias sino también afectación a la calidad de vida de millares de habitantes.
Los datos más recientes confirman el crecimiento de las precipitaciones. Alajuela fue el cantón con mayor aumento en la cantidad de lluvia recibida, al registrar el mes recién pasado un 63% más de lo que históricamente llueve allí entre enero y setiembre, según datos ofrecidos por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Mientras tanto en San José, el Metereológico reportó que mientras en los primeros 25 días de setiembre del 2012 en cayeron 142 mm, en este mismo lapso de este 2017, se elevó a 511 mm; es decir casi cuatro veces más.
Pero ese es solamente uno de los elementos que complica la situación. El otro por supuesto es el crecimiento inmobiliario sin planificación e incompatible con la condición ambiental de los terrenos. De ahí la urgencia de diseñar un mecanismo que minimice los impactos de las inundaciones urbanas. Y de ahí entonces que de la misma manera que contamos con un código sísmico para la construcción, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica trabaja en una propuesta para que tengamos un Código Hidrológico y sobre ello conversamos con el experto en hidrología Ing. Rafael Oreamuno y con el geólogo ambiental Dr. Allan Astorga-Gättgens.
