La lucha frontal contra el crimen organizado y la peor ola de violencia que ha vivido Costa Rica en los últimos tres años con la mayor cantidad de homicidios, requiere de un trabajo conjunto. Pero ese no es el panorama que estamos viviendo.
A las pruebas nos remitimos: dos importantes actos de rendición de cuentas, en diciembre y enero, evidencian que la anterior coordinación con Seguridad Pública y la Policía Judicial no es tan potente como en anteriores administraciones. El director del OIJ, con preocupación, lo ha dejado en claro.
Además, en plena ejecución de la Operación Caribe 2.0, concentrada en el cantón de Matina con la participación de agentes del OIJ, declaraciones del ministro Mario Zamora cayeron como un balde de agua fría. No es la primera vez que el jerarca, antes de dar cuentas de los resultados de la Operación Costa Rica Segura Plus, que es el plan de la administración Chaves Robles, señala a los gobiernos anteriores como responsables de la poca inversión y del desorden que supuestamente recibió en el Ministerio de Seguridad.
A tales niveles llegó el desacuerdo que aseguró que los decomisos de droga, habrían sido duplicados alterando las cifras oficiales para -aparentemente- justificar la caída abrupta de decomisos en esta administración, que no llegan ni a la mitad de los que antes se realizaban. Esto llevó al exministro de Seguridad y hoy subdirector del OIJ, Michael Soto, a desmentir de plano los argumentos de Zamora.
Otro hecho que demuestra las tensiones es la carta (conocida en las últimas horas) en la que, por orden del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se notificó al Poder Judicial que no se girarán los más de 9 mil millones de colones que la Asamblea Legislativa ordenó entregar para la lucha contra la criminalidad.
Para ponderar lo que sucede y poner foco a las acciones de este año conversaremos con el director del OIJ, Randall Zúñiga.
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