Llevamos dos años consecutivos padeciendo una aguda crisis de seguridad ciudadana. Es cierto, los homicidios han disminuido un poco respecto del 2023. A estas alturas del 2024 tendremos el segundo más violento en la historia, con un registro al 5 de diciembre de 807 asesinatos. Bajamos, sí, pero no lo suficiente.
Sin duda debemos hacer un esfuerzo mucho mayor por articular las tareas de combate en lugar de continuar la senda de la polarización y las acciones unilaterales del Ejecutivo. El año pasado fueron las polémicas con la Policía de Control de Drogas (PCD) y este fueron los cambios en el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG); primero por trasladar ese cuerpo de Quepos a Pococí, y luego por sacar de Bahía Drake al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).
Las dudas acerca de estas decisiones del Ejecutivo y los enfrentamientos entre Poderes del Estado desembocaron en la conformación de una comisión especial legislativa para investigar los presuntos vínculos del gobierno con el narcotráfico.
De fecha reciente otro hecho vino a sumarse a la ya candente discusión: los cambios al reglamento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), policía especializada en operativos de alto riesgo, terrorismo y narcotráfico que opera en el Ministerio de la Presidencia, que le permitirán realizar allanamientos e intervenciones en las comunicaciones por encima de las atribuciones judiciales, tal y como establece hasta hoy la legislación vigente.
Se suman a este clima de incertidumbre en las políticas públicas de seguridad, diversas publicaciones de medios de comunicación internacionales que sitúan a Costa Rica como una de las principales rutas y bodegas globales de drogas con destino a Estados Unidos y Europa.
Para hacer repaso de este año y prever el próximo conversaremos con el especialista en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.
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