El Salvador es un país que tiene una de las legislaciones más estrictas en contra del aborto, al prohibir totalmente cualquier tipo de procedimiento.
No hay ninguna consideración si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o si este viene de graves delitos como son la violación o el incesto. Se penaliza tanto a la mujer como al personal médico.
El caso de Beatriz una joven mujer de 22 años se ha convertido en uno, que tras su vivencia ocurrida una década atrás, es analizado por la Corte IDH para determinar la responsabilidad del Estado salvadoreño ante una violación a sus derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud.
Ella fue diagnosticada con lupus eritamoso sistémico, que le provocó complicaciones en su primer embarazo. Tras este el médico le indicó que no podía seguir embarazándose y le programó una esterilización quirúrgica; ella tuvo temor y no asistió.
Volvió a quedar embarazada y le advirtieron que ambos corrían peligro. Ella solicitó a las autoridades la interrupción terapéutica del embarazo y se le negó. 10 años después el caso está en la sede de la Corte.
Este es un tema que concita a grupos conservadores, religiosos y políticos que se niegan a cualquier tipo de interrupción. El lunes pasado 33 diputaciones rechazaron una moción de la fracción de Nueva República que solicitó al gobierno salirse de la jurisdicción de esta Corte por el caso Beatriz.
Para aportar información fehaciente y apartar información parcializada conversaremos mañana con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.
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