La atención de una emergencia como la que atraviesa Costa Rica por las intensas lluvias y la información de nuevos eventos meteorológicos en formación para los próximos días requiere de la experiencia que nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha puesto a prueba en otras ocasiones. Las improvisaciones o el aprovechamiento político no deberían estar en la agenda de atención de los incidentes.
Apenas termina la visita del presidente de El Salvador se envían dos mensajes: la declaratoria de alerta roja (aún no se ha decretado emergencia nacional a la hora de escribir este texto) para la zona de Guanacaste, Pacífico Central y Sur, sitios en los que se concentran los más impactos más significativos. El otro mensaje es el traslado de la habitual conferencia de prensa de miércoles para jueves y no en la Casa de Gobierno sino en la Zona Sur, con la presencia del presidente y su equipo.
Horas antes, la sorpresiva llegada al país de un primer equipo de 100 rescatistas salvadoreños -incluidos miembros de las Fuerzas Armadas- que habían sido ofrecidos a España (y que España declinó aceptar, es menester señalarlo) generan una serie de suspicacias que nos distraen de la atención de los estragos de lluvias, deslizamientos e inundaciones.
Este grupo de personas y las labores que harán, están bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que igual deberá continuar con el trabajo que estaba realizando con los cuerpos nacionales de atención de la Cruz Roja, Bomberos, policía y comités municipales de emergencias.
Sin un inventario definitivo de las repercusiones -ya que la emergencia está en proceso- ¿cómo deben ajustarse los protocolos que establece nuestra legislación para proteger la vida de las personas, sus pertenencias y las atenciones inmediatas de manera correcta y fluida, para que sean las requeridas?
Para aportar en este momento más información conversamos mañana con la ex presidenta ejecutiva de la CNE, Vanesa Rosales.
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