Se llamó "Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de Cesantía en el Sector Público", pero la conocimos como "Ley de empleo público". En realidad tampoco fue "ley", sino un proyecto de ley que se convirtió en condicionante para la discusión de la imperiosa reforma fiscal.
El Gobierno lo desconvocó ya de la corriente legislativa, después de que la Contralora General de la República, Marta Acosta, consideró que el ahorro del Gobierno con ese proyecto sería prácticamente nulo y de una fuerte oposición de organizaciones gremiales. Ella adujo que el ahorro gubernamental era de 13.500 millones de colones, una centésima parte del total faltante en las finanzas estatales (un déficit de 5,2% del PIB).
La respuesta de los impulsores del proyecto apuntaba a que, más que un ahorro aritmético, el proyecto intentaba ordenar el archipiélago de regímenes salariales del Estado y que por algún ángulo había que actuar.
Acompáñenos este viernes para escuchar y cuestionar las consideraciones de la contralora Marta Acosta y sus recomendaciones alternativas para abordar "de manera impostergable" este lado de la discusión fiscal, el de los incentivos que a lo largo de los años se han ido estableciendo disponibles para casi 300.000 funcionarios del Estado. Los esperamos en Hablando Claro.
Escuche aquí este programa...
