Por muy llamativa que parezca la pirotecnia confrontativa y polarizante del Ejecutivo de turno, no debemos distraernos del fondo de la cuestión y, en punto al caso Barrenador, se trata de la investigación preliminar de supuestos millonarios sobreprecios en la adjudicación de los servicios de salud que reciben más de medio millón de personas, mediante 138 EBAIS.
El manejo de los recursos públicos está, desde hace muchos años, claramente establecido en las leyes, los reglamentos y los órganos de control. Todo tiende a evitar condiciones de arca abierta. Pero siempre hay tentaciones. Y tratándose de la Caja, son miles de millones los que se manejan en la institución más grande del sector público costarricense.
El Ejecutivo ha intentado lanzar humo para desviar la atención, pero el hecho en investigación es muy serio, tanto que (aunque sea temprano para asegurarlo) podría ampliarse la tipificación de los delitos iniciales o incluso agregar imputados a la causa.
Este jueves el director del OIJ, Randall Zúñiga, reveló que se habrían borrado 300 correos electrónicos y 4 archivos de la cuenta de un “alto funcionario” de la institución. ¿Por qué hacer eso si todo está en orden, como alega Zapote, en clara injerencia, por cierto, de la autonomía de la CCSS?
Para ahondar en lo legal y lo político del caso Barrenador conversamos con el abogado constitucionalista, Marvin Carvajal y con el politólogo, Sergio Araya.
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