Las repercusiones políticas, posteriores a la declaratoria de inconstitucionalidad ante la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones, de la primera versión del proyecto de ley que se impulsa llevar a referéndum, siguen agriando y agitando el debate nacional.
De inmediato el Poder Ejecutivo, sin siquiera conocer el fallo en su totalidad y lo que debería resolver la Sala Constitucional acerca de dos acciones pendientes, vuelve a polarizar el tema entre buenos y malos; seguidores y detractores, lo cual sigue abonando a una narrativa que sigue deteriorando la confianza en el papel de las instituciones en su labor de fortalecer la convivencia democrática.
Enmarcado este como un tema distractor de la discusión de otros desafíos que se dejan de lado y seguir una orquestación que desde el Poder Ejecutivo se impone. Ya varias de las fracciones legislativas, exceptuando la oficialista, señalan con diferentes matices que la segunda versión de la denominada ley jaguar mantiene vicios de inconstitucionalidad, lo cual sigue abonando al enfrentamiento.
En el otro lado la ciudadanía recibiendo diferentes versiones, alejando a importantes sectores de la discusión con argumentos y obtener elementos para conocer tener los verdaderos objetivos de seguir inflamando la crispación social y la desinformación.
Para analizar estas repercusiones conversaremos con el politólogo, Sergio Araya.
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