En una lucha absolutamente desigual contra el crimen organizado, las autoridades policiales requieren siempre de mayores recursos económicos que se traduzcan en más personal altamente capacitado, equipamiento, vehículos, programas de prevención y tecnología para enfrentar la expansión de estos grupos delincuenciales.
De allí la alerta que se encendió con la entrada en vigencia de la Ley de Manejo Eficiente de la liquidez del sector público y la consecuente modificación a la Ley sobre Estupefacientes, en lo relacionado con la administración del dinero producto de las subastas de los bienes decomisados en actividades ilícitas. Estos recursos eran manejados y distribuidos por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y ahora pasaron a la caja única del Ministerio de Hacienda.
El Organismo de Investigación Judicial sostuvo que esa ley crea incertidumbre. El Ministerio Público lo calificó como un “golpe bajo” a la lucha contra la criminalidad. Por su parte, el Ministerio de Seguridad y el IAFA manifestaron estar tranquilos de que esos dineros los van a recibir por la vía ahora establecida.
Ciertamente, el Ministerio de Hacienda contestó que los recursos para estas instituciones de prevención, represión e investigación están garantizados en el presupuesto de este año, aunque admitió un error en la redacción de la nueva ley.
Y como no está claro que ese traslado se vaya a garantizar todos los años, se habla ya de una posible reforma en el Congreso. Al respecto, conversamos con el subdirector del OIJ, Michael Soto, y con el fiscal adjunto del Ministerio Público, Javier Valerio.
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