“Los audios de la Presidencia”, una serie de revelaciones publicadas por el diario La Nación, con base en grabaciones hechas por la ex ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, son el pegamento que une una serie de investigaciones en curso que vinculan al presidente Rodrigo Chaves y su círculo más cercano, con órdenes emitidas para la elaboración de contratos, así como el manejo, control y concentración de pautas publicitarias de instituciones estatales.
El último capítulo de la saga es el categórico rechazo de la Fiscalía General respecto de la pretendida solicitud del mandatario de detener las publicaciones periodísticas, lo cual implicaría censura previa, una transgresión inaceptable en nuestro Estado de Derecho. Las autoridades reiteraron, en apego a la jurisprudencia vigente, que las grabaciones no califican como conversaciones privadas, ya que tienen relación directa con la disposición de contratos y dineros públicos, en la que habrían participado el gobernante y otros funcionarios de su confianza, lo que deviene en un asunto de absoluto interés público.
Tanto la Fiscalía General, como la Contraloría General de la República, tienen investigaciones abiertas respecto del caso y la Asamblea Legislativa ya había formado una comisión investigadora sobre el tema Sinart que ha logrado dilucidar datos, información y una relación de hechos que se vinculan estrictamente con las grabaciones del contrato BCIE y sus derivaciones.
Para poner en perspectiva los nuevos acontecimientos conversamos este viernes con el diputado Ariel Robles Barrantes.
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