Si nos apegamos a los plazos establecidos por la Sala Constitucional, en tan solo tres meses más (diciembre) debería estar resuelto un problema que por décadas se ha venido acumulando en algunas comunidades del verde y productivo cantón de Oreamuno de Cartago.
La zona de productores de verduras, hortalizas, frutas y pastos para ganado lechero, vive hoy las consecuencias del dañino fungicida clorotalonil, que ha sido utilizado en exceso -obviamente, sin controles- y sin restricciones de política pública de ninguna naturaleza, a pesar de tratarse de una sustancia con potencial cancerígeno prohibida en Estados Unidos y Europa, porque puede contaminar las fuentes de agua, dañar la salud humana y provocar daños ambientales.
En la zona alta de Cartago, lo que era un secreto a voces, culminó en una alerta sanitaria hace tres años, cuando se prohibió el uso de agua para consumo humano de unas seis nacientes de Cipreses y Santa Rosa, cuyas ASADAS proveen el recurso hídrico a esas comunidades.
Los análisis del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional en conjunto con Acueductos y Alcantarillados expusieron concentraciones del clorotalonil que superaron en 240 veces lo permitido para consumo humano.
Unas 10 mil personas están afectadas de manera directa, por lo que han tenido que recibir el líquido por medio de cisternas. Pero el problema no se encapsula allí, los daños podrían extenderse a otros cientos de miles de habitantes más de distritos y cantones cercanos y, por supuesto, también a todos aquellos que consumen productos de la zona.
Para ampliar acerca de las implicaciones y vías de solución conversamos con el alcalde de Oreamuno, Erick Jiménez, el ingeniero Daniel Coto, también del municipio y el salubrista ambiental de AyA, Carlos Ramírez Vallina.
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