El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José condenó por el delito de difamación al periodista Marlon Mora, ex director del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y abrió con esa decisión una peligrosa vertiente de amenaza contra libertades fundamentales en una democracia sólida y solvente como la costarricense.
Expertos señalan que esta resolución incumple con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El juicio fue interpuesto por Juan Diego Castro, al sentirse ofendido por expresiones emitidas en un programa de la Radio UCR, cuando fue candidato presidencial del Partido Integración Nacional, a pesar de que las expresiones de los funcionarios públicos y de aspirantes a cargos públicos están sometidos a la crítica y el escrutinio con total amplitud, según la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por ello, esta sanción penal entraña graves consecuencias que implicarían la aceptación de mecanismos de censura previa, de autocensura, de control de los temas de interés público y, por tanto, afecta el derecho humano de la libertad de expresión.
El caso, por supuesto, está aún lejos de terminar, pues el periodista apelará la sentencia, que en esta primera instancia lo condenó a publicar la extensa sentencia en un medio de circulación nacional, las costas del juicio y una indemnización de ₡15 millones.
Profundizaremos este caso con Marlon Mora y con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.
Expertos señalan que esta resolución incumple con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El juicio fue interpuesto por Juan Diego Castro, al sentirse ofendido por expresiones emitidas en un programa de la Radio UCR, cuando fue candidato presidencial del Partido Integración Nacional, a pesar de que las expresiones de los funcionarios públicos y de aspirantes a cargos públicos están sometidos a la crítica y el escrutinio con total amplitud, según la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por ello, esta sanción penal entraña graves consecuencias que implicarían la aceptación de mecanismos de censura previa, de autocensura, de control de los temas de interés público y, por tanto, afecta el derecho humano de la libertad de expresión.
El caso, por supuesto, está aún lejos de terminar, pues el periodista apelará la sentencia, que en esta primera instancia lo condenó a publicar la extensa sentencia en un medio de circulación nacional, las costas del juicio y una indemnización de ₡15 millones.
Profundizaremos este caso con Marlon Mora y con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.
