Adoptar todas las medidas posibles para disminuir el contagio de SARS CoV-2 que se extiende peligrosamente en los centros de reclusión de las Américas. Ese es el planteamiento que corresponde de acuerdo con los señalamientos hechos desde finales de marzo tanto por la Corte como por la Comisión, ambas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En teoría, nadie discute que los privados de libertad (y por supuesto los funcionarios penitenciarios) deban ser protegidos de la pandemia. En la práctica, sin embargo, podríamos afirmar que el tema es políticamente explosivo y va quedando relegado entre tanta crisis y tanto señalamiento político y mediático.
En nuestro caso, por ejemplo, aunque las autoridades sitúan el hacinamiento penitenciario en un promedio de 32% sabemos que los promedios no operan cuando de sobrepoblación carcelaria se trata; y lo cierto es que en algunos de nuestros centros penales la sobrepoblación llega al 90% (Gerardo Rodríguez) al 87% (Puntarenas) y al 77% (San Carlos). Por citar solo tres casos. Y en cuanto a contagios se refiere, hoy tenemos trasmisión en prácticamente todos los reclusorios del país. Las últimas cifras de la semana pasada daban cuenta de 154 privados de libertad y prácticamente un centenar (96) de funcionarios positivos. Solo en las tres cárceles del complejo La Reforma, la semana concluyó con una cuarentena total y dos parciales.
Para añadir complejidad al manejo, hay que considerar que las celdas del OIJ -en contra de lo que debió haber sido hace décadas- siguen operando hoy en sótanos de limitada ventilación, poca luz natural y lógicamente escasa condición de seguridad sanitaria para la situación pandémica.
Los ingresos continúan llenando los centros porque también –hay que decirlo- no solo seguimos aprobando leyes que prisionalizan conductas (maltrato animal, maltrato a adultos mayores y acoso callejero son las últimas) sino que además muchos jueces se resisten a dictar medidas alternativas a la prisión preventiva, a pesar de la pandemia. Solo en mayo pasado, de un total de 579 ingresos a las cárceles del país, 513 fueron por prisión preventiva. Y en los últimos tres meses (marzo-abril-mayo) de 1670 ingresos únicamente 212 fueron por sentencia; es decir 1,458 fueron por preventiva.
Todo el cóctel es muy complejo. Y lo abordamos con la franqueza del exministro de Justicia Marco Feoli, quien se atreve a señalar que la política penitenciaria debe “descomprimir” la saturación para reducir los contagios.
