Corría el 16 de octubre del 2004. El Ex presidente Miguel Angel Rodríguez en ese momento recién electo Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, venía voluntariamente al país procedente de Washington para enfrentar indagatoria por el caso de corrupción ICE- Alcatel. Descendió del avión y ante los ojos estupefactos de todo el país, el Fiscal General de la República Francisco Dall´Anese lo tomó preso y lo introdujo en una “perrera” policial.
Una semana después, otro expresidente, Rafael Angel Calderón Fournier, ingresaba en otro vehículo igual al centro penitenciario La Reforma para cumplir prisión preventiva por el también sonado caso de corrupción con recursos públicos Caja Fischel.
Ambos casos, dinamitaron los cimientos de uno de los dos partidos políticos hasta entonces dominantes de la vida democrática de la segunda república. Pero además, habrían de marcar de manera determinante la adhesión de los costarricenses hacia su sistema democrático. Tristemente para mal. Y ese proceso de erosión sigue martillando hoy nuestra institucionalidad.
El pasado lunes, la Fiscal General Emilia Navas ingreso con un comando armado a la Casa Presidencial. La sede de gobierno. La casa que representa, junto con la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y el ejercicio libre de la prensa, lo más preciado de nuestro andamiaje democrático.
Hoy, no se trata de un caso de corrupción, sino -por ahora- de un posible prevaricato; tipificado en el ordenamiento jurídico como un delito menor. El problema, es que el imputado es el Presidente de la República en ejercicio. Y el espectacular allanamiento le dio la vuelta al mundo.
¿Era necesario aplicar los protocolos de acordonamiento con policías armados y aseguradas sus integridades físicas con chalecos antibalas, igual que cuando se allana una bodega narco?
¿Qué efectos produce sobre el país y el ánimo de sus ciudadanos -en el trance debilitado de nuestra economía y nuestros avatares de productividad y desempleo- un golpe de imagen de esta naturaleza? ¿Era en verdad necesario?
¿Hacia a dónde conducirá ahora este manejo mediático de la acción de la fiscalía si el caso no llega a nada? O acaso, ¿por la espectacularidad misma del allanamiento no se pre condiciona ya la casi obligatoriedad de acusar para llevar a juicio a una persona o un grupo, sí o sí? En Hablando Claro conversamos con la Fiscal General de la República. Emilia Navas Aparicio.
