Por Allan Astorga, Geólogo ambiental, Especialista en Evaluación Ambiental.
Ante las iniciativas surgidas en los últimos meses en el seno del Poder Ejecutivo y de la fracción del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa, dirigidas a desarrollar obras de intervención humana dentro de los parques nacionales, y en general, en los ecosistemas protegidos de nuestro país, que, en la práctica, implican meter tractores para destruir la vida vegetal y animal aquí allí vive y que los costarricenses nos hemos comprometido a proteger; solo una respuesta posible: un rotundo NO!
Geotermia en parques nacionales: se encuentra dentro de la corriente de proyectos en discusión en la Asamblea Legislativa, el expediente No. 19233, propuesto por el diputado Otón Solís, para permitir al ICE ingresar (con tractores) a los parques nacionales (primero a todos y ahora, en el texto sustitutivo al Rincón de la Vieja, Guanacaste, Tenorio y Arenal), para explorar y explotar los recursos geotérmicos. Ello, en medio de una decisión del Poder Ejecutivo de no impulsar ese tipo de actividades en los parques nacionales.
La justificación para el proyecto de ley es la obtención de energía firme para la matriz energética del país y garantizar así, el que, en el futuro, no se quemen hidrocarburos para producir electricidad. Lo cual, en definitiva, no justifica para nada, el hecho de que se generen daños ambientales irreversibles dentro de los parques nacionales que son los últimos reductos de ecosistemas más o menos naturales y de calidad del país.
Además, las áreas protegidas representan, de forma directa e indirecta, la principal fuente de ingresos del país por visitación turística, algo que beneficia a todo el sector turístico, incluyendo empresarios y poblaciones. Sector que, por cierto, ha guardado silencio ante esta sistemática intención de meter tractores en los parques nacionales.
Una decisión tan importante como permitir la explotación de recursos geotérmicos en los parques nacionales no debe tomarse sin contar con debido y correcto proceso de Planificación Estratégica de nuestro Plan Nacional de Energía. Algo que hemos insistido desde hace tiempo, ya que es muy importante que ese proceso de decisión se haga por medio de una Evaluación Ambiental Estratégica y fundamentada en la aplicación de tres principios fundamentales: participación, transparencia e información.
Proceso que además debe sustentarse en sólidos y bien fundamentados criterios técnicos y que contemple todo un análisis de alternativas reales y concretas para garantizar la sustentabilidad del plan de energía del país. Algo que no se ha hecho todavía y que, en el caso del proyecto de Ley de don Otón, se plantea que se haga “después” de que la decisión ya se haya tomado. Se hace lo que es muy común y altamente contraproducente en nuestro país: poner la carreta por delante de los bueyes.
Carreteras nuevas en medio de los parques nacionales y todas las áreas protegidas: por si no fuera poco la intención de don Otón, resulta que el Poder Ejecutivo, por medio del MOPT, ha planteado la modificación de dos artículos a la Ley de Caminos Públicos, para que las nuevas obras viales que se planifiquen y se quieran desarrollar se puedan hacer pasando en medio de cualquiera de las áreas silvestres protegidas del país, incluyendo los parques nacionales.
La justificación que se hace es absolutamente incongruente y risible, pues se afirma que con ello, es “más fácil” en la medida de que no hay que hacer procesos de expropiación. Se argumenta además, que para “controlar el impacto ambiental” se realizará una Evaluación de Impacto Ambiental que se tramitará ante la SETENA. Algo que, como bien sabemos, no garantiza para nada el que no se vaya a generar daños ambientales irreversibles y permanentes en las áreas protegidas del país.
Un claro y evidente ejemplo de esto y que, hemos señalado que deja en absoluto ridículo al país, los representa la carretera de acceso a la Terminal de Contenedores de APM en Moín: la ruta 257. La carretera recientemente adjudicada por el MOPT con un costo de $ 71 millones que tendremos que pagar todos los costarricenses, ya no es necesaria, pues el daño ambiental ya se produjo. Algo absolutamente inconsistente con la realidad y que muestra que nuestras autoridades no actúan con el debido tino técnico y de planificación estratégica que se requiere. Nos preguntamos: ¿cuántas rutas como la 257 se abrirían en los parques nacionales y áreas silvestres protegidas, con esa clase de criterio técnico?
Humedales: pero el asunto no termina allí, todavía hay más: el pasado 10 de agosto, en el Alcance Digital No. 140, el Poder Ejecutivo publicó el decreto 39838 MINAE que, en concreto, permite el desarrollo de nuevas carreteras en medio de los humedales del país, se encuentren estos registrados o no como parte del sistema de áreas protegidas de nuestro país.
Se establece más o menos la misma argumentación: que se hace una EIA ante la SETENA, además que se restaurará el área impactada y que, dado el caso, se “compensará” con otra área de humedal. Algo que resulta absolutamente ilógico en la medida de que todos los ecosistemas de humedal, registrados o no por el MINAE, están protegidos por la ley.
“Compensación” vrs Vida: como se puede ver, es claro que existe una evidente intención de meter tractores en parques nacionales y áreas silvestres protegidas. Por ahora se habla de energía y carreteras, pero al “abrir la puerta”, pronto surgirán nuevas “iniciativas” como la extracción de otros recursos naturales, como el agua superficial y subterránea, e incluso hidrocarburos o recursos minerales.
El común denominador de esas iniciativas depredadoras de la vida silvestre, es la “compensación”, es decir que el área impactada, o mejor dicho, irreversiblemente dañada por la intervención humana, dizque se compensa con un terreno igual para que se adhiere al área protegida. Con esto, quienes provocan la muerte de la vida silvestre de nuestras áreas protegidas, satisfacen sus conciencias diciendo que el daño se está “compensando”. Sin embargo, están muy equivocados.
Estudios recientes realizados en diversos lugares del mundo demuestran que ese mecanismo de “compensación”, tan de moda en América Latina, no es funcional y que, en la práctica lo que produce es una notable pérdida en la biodiversidad y en la calidad de los ecosistemas.
Algo que, contextualizado ante un reciente publicación en la revista “Science” que señala que la biodiversidad está cayendo por debajo de los niveles de seguridad a nivel mundial; es decir, que los daños producidos a los ecosistemas por la humidad están alcanzando niveles críticos que impedirían su función ecológica que es vital para el mismo ser humano.
Se trata de un tema muy serio que requiere ser revisado por todos los países, incluyendo el nuestro. Por eso, en ese contexto, plantear meter tractores en las áreas silvestres protegidas, para simplificar problemas de deficiente planificación territorial y estratégica, así como de absoluta negligencia burocrática, resulta en una idea totalmente desacertada.
Soluciones alternativas: es sabido que las soluciones más rápidas no necesariamente son las mejores, todo lo contrario, son las que nos llevan, generalmente, a complicar aún más el problema.
Como hemos señalado, los temas de planificación energética, o de desarrollo vial de nuestro país, así como de otros, como el desarrollo ecoturístico y urbano, debe llevarnos a avanzar hacia un sistema más serio, eficiente y planificado. Ya es suficiente de soluciones “parciales” y temporales que lejos de ayudar al desarrollo del país, lo hunde en el subdesarrollo.
Los instrumentos para avanzar existen en nuestra legislación desde hace varios años, lo único que se ocupa es voluntad política de nuestras autoridades y apertura a un diálogo, con todos los sectores, abierto y transparente.
