Por Fernando Ferraro
Reconozco que el título es una caricatura, pero encierra un sentido que se verá más adelante. Una de las ideas más trilladas entre los analistas políticos, formales e informales, es aquella de que la ciudadanía se alejó de la política. La otra, igual de repetida y gastada, es que la ingobernabilidad se apoderó de nuestro Sistema. Ambas, personalmente, me parecen exageraciones y excusas que evidencian la dificultad de superar los convencionalismos que se derivan de y sirven para mantener, el status quo.
La realidad, si miramos más allá de los partidos y su entorno, es que las personas, los habitantes del país, sean o no ciudadanos, están activos y pendientes de “lo público”. Encontramos experiencias de todo tipo a nivel local y nacional. Hay personas que se organizan para limpiar ríos y playas. Otras hacen recorridos por unas ciudades ruidosas y sucias donde encuentran y dan a conocer rincones y experiencias agradables y hermosas que invitan a redescubrir espacios urbanos que de otra forma nadie buscaría. Algunos promueven iniciativas para equipar escuelas, reparar caminos, proteger y administrar recursos como el agua, e incluso para vigilar el trabajo de las autoridades municipales. Junto a ellos encontramos esfuerzos que apuntan a temas directamente relacionados con la Política, que comparten sin embargo la característica de que su impulso está marcado por ciudadanos particulares que muchas veces ni siquiera tienen vínculo con los partidos. Me refiero, por ejemplo a “Poder Ciudadano Ya”, cuya experiencia podemos revisar en www.poderciudadanocr.org. Ellos estudiaron y diseñaron un proyecto de reforma constitucional para transformar la elección de los diputados y mejorar tanto la representatividad como el funcionamiento del primer poder de la República. Hasta ahora no han encontrado diputados que se interesen en presentar y dar espacio a su proyecto. Es decir, la ciudadanía, la población en general, no se aleja de la política. Se aleja de los partidos.
La ingobernabilidad, por su parte, es un mito en su origen, aunque no en sus consecuencias. Como bien dice Juan Antonio Llorente “la pluralidad de opciones con representación parlamentaria no es sinónimo de ingobernabilidad, sino un desafío que los electores lanzan a sus políticos para que abandonen la interpretación bélica de la política y la transformen en un ejercicio de ponderación de intereses diversos hasta integrarlos en políticas transversales e inclusivas. El recurso, muy común, de confundir la pluralidad con el desgobierno representa mucho más un síntoma de impotencia que un análisis adecuado de la realidad”.
Los partidos están ensimismados y absortos en su dinámica electoral/personal. Perdieron al mismo tiempo, la capacidad de lidiar con los grupos de presión y con los medios de comunicación. Adoptan en consecuencia, una “prudencia” exagerada que los vuelve conservadores, más bien conformistas, y por lo tanto incapaces de atreverse a promover transformaciones estratégicas.
Es en este contexto que surge una iniciativa polémica como es la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La impulsa un grupo de ciudadanos encabezados por Alex Solís Fallas, quien desde su formación académica y experiencia profesional y política, redactó un proyecto que se tramita bajo el número de expediente 19874, después de ser presentado por las diputadas Marta Arauz, Maureen Clarke y Silvia Sánchez, así como por los diputados Antonio Álvarez Desanti, Juan Luis Jiménez Succar y Óscar López. También se encuentra en el Tribunal Supremo de Elecciones, pues sus promotores impulsan un referéndum.
La sensación de crisis y de parálisis política que flota en el ambiente se combina con la imagen de mil problemas de diferente naturaleza e impacto, que no se resuelven o que se tratan a un ritmo que la población resiente, creando así, las condiciones ideales para promover una iniciativa como la señalada. Una cuyo principal estímulo es precisamente la falta de respuesta de los partidos, por medio de las respectivas instancias de decisión y acción pública, a toda una serie de temas y proyectos que sus representantes y comités ejecutivos ignoran o “ningunean” con imprudencia y exceso de confianza. Es lo que sucede con esfuerzos como el de “Poder Ciudadano Ya” o con el informe de la comisión de notables de la Administración Chinchilla y el repertorio de problemas nacionales que identificó y acompañó de más de noventa recomendaciones que acumulan olvido en el espacio infinito de internet.
La oportunidad de convocar una asamblea constituyente y el contenido mismo del texto propuesto, son inevitablemente controversiales. Sin embargo, el error más grande que podemos cometer es el de ignorar una iniciativa que como una bola de nieve, ya comenzó a rodar.
Un país nunca está idealmente preparado para entrar en un proceso de esta naturaleza. Así que ese no puede ser un argumento. Es cierto también que nuestra Constitución Política es un texto vivo que se ha reformado parcialmente en varias ocasiones desde su promulgación en 1949, y que desde la creación de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, no ha dejado de actualizarse por medio de la jurisprudencia. Aún así, Costa Rica cuenta con recursos, padece problemas, tiene necesidades y pierde oportunidades que no logra reconocer, resolver, atender ni aprovechar. El informe de los notables, para insistir en ese insumo desaprovechado, identificó y recomendó una serie de reformas constitucionales, y en el parlamento hay más de 50 haciendo fila. Sabemos que muchos de nuestros problemas, necesidades y oportunidades podrían superarse, atenderse y aprovecharse con oportunas decisiones políticas y nuevas leyes. ¡Sin duda! Y sin embargo, el ensimismamiento de los partidos y la indolencia de los grupos de presión lo impiden, evitando casi cualquier avance. No olvido que hay políticos responsables y serios que agotan cada día sus energías en un proceso que se parece al de picar piedras con alfileres, pero sus razones y esfuerzos se ven opacados por la modorra imperante.
En consecuencia, creo que la iniciativa que promueven Solís y quienes lo acompañan en esta quijotada, tendrá en primer lugar la virtud de molestar, incomodar y poner nerviosas a personas que de esta forma se sentirán obligadas a presionar por soluciones reales y efectivas para todos nuestros asuntos pendientes en materia de fiscalidad, inversión y gasto público, energía, infraestructura, competitividad, pobreza y desigualdad, tramitología y burocracia, administración del agua, educación y reforma política. Es decir, se verán en la necesidad de romper su tregua con el status quo que nos agobia. Luego, veremos si el país es capaz de dar ese salto cualitativo para el que sirven los procesos constituyentes.
