Por Allan Astorga, Geólogo ambiental, Especialista en Evaluación Ambiental.
No obstante, también es importante analizar, en perspectiva, lo sucedido para promover mecanismos escalonados que nos permitan mejorar en un tema clave para nuestro país: la gestión del riesgo preventiva.
Gestión del riesgo: la Ley Nacional de Emergencias la define como: “Proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.”
Como se puede ver, tiene dos componentes: la Preventiva y la Reactiva. Esta última es la que ocupa, hasta ahora, la mayor cantidad de esfuerzos de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE), tanto en su instancia central como a los comités locales. Actúa cuando el evento que motiva la emergencia (desastre) está sucediendo o ha sucedido. Implica fundamentalmente acciones en la atención de los afectados.
La componente Preventiva es diferente, porque se tiene que desarrollar antes de que ocurra el desastre. Como parte de la misma, y dada la naturaleza de evento que produce el desastre, puede implicar la acción de evacuación de los sujetos en el peligro inminente de los sitios, identificados, como de alto y muy alto riesgo.
Problema de escala de la Prevención: la reciente experiencia con lo del Otto ilustra esta situacion. Así, a nivel nacional, el Presidente mostraba un mapa del país con los cantones declarados en Alerta Roja, con lo cual se ordenaba a la gente evacuar los sitios de riesgo, como las áreas cercanas a los ríos o sitios propensos o vulnerables a los deslizamientos.
Cabe decir que el lineamiento así emitido a escala nacional es correcto. No obstante, el problema es llevarlo a la escala local. Y este detalle de escala, podemos afirmar, es lo que desafortunadamente lleva a que se produzcan víctimas.
Ilustrémoslo con un ejemplo: como parte de los cantones la alerta roja por Otto se incluyó a Pérez Zeledón. Se trata de un cantón de casi 2000 km2 con un porcentaje significativo de población que reside en zona rural de montaña. ¿Debían todos ellos evacuar sus casas? ¿Hacia dónde deberían ir? ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál era su condición efectiva de riesgo y a qué factores: deslizamientos, inundaciones, avalanchas, etc.?
Como podremos notar, el tema clave aquí está en el detalle: en información y preparación a escala de casas, caseríos, barrios, distritos y el cantón mismo. Una tarea que no se puede resolver en el momento de la emergencia, sino antes, como parte de una efectiva gestión preventiva del riesgo.
Esta es la llave para mejorar en la búsqueda de objetivo fundamental: salvar vidas y, también, las propiedades y la infraestructura vital.
¿Cómo lograrlo? La respuesta está en el uso combinado de la información de detalle que el mismo país ha generado durante, al menos, los últimos 10 años. Veamos:
Paso 1: Información cartográfica. el Programa de Regularización y Catastro generó, para una gran parte de país, muy valiosa información catastral y de imágenes de alta resolución. Son tan detalladas que, en muchos casos, es posible ver el techo de las casas de habitación con mucho detalle, tanto que hasta se podría “escribir” en ellos el nombre de quienes viven allí (datos de Censo y del Comité Local) y, sus números de teléfono celular para mensajes de urgencia.
Paso 2: Información de sitios de Alto y Muy Alto Riesgo a Amenazas Naturales. Desde que la Sala Constitucional, en el año 2002, ordenó que los planes regulares realizaran “un examen de impacto ambiental”, esta información se ha venido generando con un detalle aceptable (escalas 1: 10.000 a 1: 25.000) por medio de la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE en los estudios para los planes reguladores u otro ordenamiento territorial y de evaluación del riesgo. Los estudios de Zonificación de Fragilidad Ambiental o de identificación de sitios de riesgo a buena escala, realizados hasta ahora, cubren al menos 50 cantones, poco más de la mitad del país.
Paso 3: Cruce de información y desarrollo de planes locales de Gestión Preventiva del Riesgo. El producto principal de ese “cruce” de información es que permite identificar sobre mapas y ortofotos, con mucho detalle, qué casas y construcciones, en general, se encuentran en alto y muy alto riesgo.
Nótese que no se trata de todo el territorio del cantón, sino las áreas de este que caen es esa categoría. Como se ve, con esta plataforma de información, de escala detallada, es posible realizar una gestión verdaderamente efectiva y preventiva.
La gente que vive en esos sitios debe ser informada y capacitada. Además, de forma participativa, deben diseñar su plan de emergencia y evacuación e, incluso, en casos necesarios, sus sistemas de alerta temprana.
Todos pueden tener tras la puerta de sus casas el Protocolo de Emergencia (adaptado a sus condiciones) que deben aplicar si se declara Alerta Roja. Así, no tendrán que esperar a que lleguen a buscarlos, haciendo que se pierda tiempo valioso. Además, con el tiempo necesario, se resuelve mejor lo que hay que hacer para atender a las personas con limitaciones de movilidad e, incluso, a los animales (mascotas y de granja).
El protocolo puede incluir el sitio donde debe desplazarse por seguridad que, no necesariamente, tiene que ser un albergue, sino un lugar previamente definido y acordado por los vecinos.
¿Que se requiere para implementarlo? Solo la voluntad y disposición de las autoridades para orientar esfuerzos y recursos en esa dirección. Ya, desde el 2011 se dispone de una propuesta de Proyecto conjunto entre el IFAM y la CNE. Solo se ocupa de reactivarlo y ponerlo en marcha.
Historia reciente y retos: la revisión de los desastres naturales principales (fenómenos hidrometeorológicos o terremotos) que han provocado muertes de personas en el país durante los últimos 30 años nos dicen que ocurre, en promedio, uno cada 3 años. Es decir que, cada administración de gobierno enfrenta al menos una crisis de emergencia por desastre natural.
Lo malo es que el tema se atiende y la imagen política se mejora, empero no se hace nada más. La página se pasa con facilidad y rápido se entra en la rutina de siempre, dejando la amarga experiencia de muerte en el olvido, sin que el sacrificio de esas vidas perdidas tuviera alguna utilidad. Algo que a todas luces no es correcto, en particular, porque sí es posible hacer algo.
Pero el asunto no termina allí. La combinación de tres realidades concretas, también deberían llevarnos a reaccionar lo antes posible:
1. Vivimos en un país geológicamente muy activo, donde se presenta toda la lista de fuentes de amenazas naturales, como en libro de texto. Solo que con la gran bendición de que en un 90% son reconocibles y mapeables.
2. La variabilidad climática y el Cambio Climático hacen de Centroamérica, Costa Rica incluida, la región del mundo más vulnerable. Algo que deberíamos tomarnos muy en serio para tomar medidas concretas.
3. Por la ausencia de Planificación Territorial y Estratégica, combinada con la existencia de una excesivamente laxa normativa de uso de suelo, tenemos muchas construcciones en sitios de alto y muy alto riesgo (20 % en la GAM, al menos).
Por todo esto es que requerimos actuar pronto, desarrollando las bases de un proceso de mejoramiento continuo que logre resolver el problema de escala entre el nivel nacional y el nivel local. Algo que, en definitiva, ayudara mucho a cumplir el sagrado objetivo de salvar cada vez más vidas.
La actual administración de gobierno tiene, a raíz de lo sucedido con el Huracán Otto, la valiosísima oportunidad de cambiar la historia y avanzar en la dirección correcta. Para ese fin, me pongo a su entera disposición para trabajar juntos. Nuestro país se lo merece.
