Por Juan Carlos Hidalgo
Artículo publicado originalmente en La Nación
Las cinco palabras más temibles del lenguaje político contemporáneo son: “quien nada debe, nada teme”. Bajo este principio –y lamentablemente con la aquiescencia de un sector importante de la opinión pública– las autoridades están impulsando todo tipo de iniciativas que otorgan al Estado poderes discrecionales para perseguir, hurgar e imponer sanciones a la ciudadanía sin que medien procesos judiciales. Según esta máxima, todos somos sospechosos hasta probar nuestra inocencia y solo los malos tienen por qué temer.
Pero en realidad, todos tenemos mucho que temer. En juego están no solo garantías individuales consagradas en la Constitución –y en tratados internacionales de derechos humanos–, sino también principios democráticos fundamentales. ¿Hipérbole? Basta oír la advertencia que lanzó el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, en una entrevista en Teletica Radio al referirse a las medidas que el gobierno considera necesarias para combatir el crimen organizado: “Debemos cambiar la visión de este país (…) ya no podemos seguir con este pensamiento tan amplio de democracia”.
En el concepto “estrecho” de democracia que promulga el gobierno, garantías constitucionales como el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones (art. 24) o el debido proceso y la presunción de la inocencia (art. 39) son “tecnicismos” que pueden –y deben– ser dispensados. Veamos, por ejemplo, la reciente directriz del Registro Nacional de exigirle a la gente que demuestre el origen de sus fondos a la hora de comprar casa o carro. La orden fue posteriormente revocada, pero de un plumazo convertía a todos los ciudadanos en sospechosos de lavado hasta que demostraran lo contrario. Con la extinción de dominio, el Estado pretende poder quitarle a alguien sus bienes aun cuando las cortes nunca lo encuentren culpable de haber cometido un delito.
Esta democracia estrecha no aplica solo a la lucha contra el narco, sino que abarca un creciente abanico de posibles delitos. El proyecto contra la defraudación fiscal originalmente pretendía autorizar a Tributación a hacer embargos por la vía administrativa y la actual iniciativa sobre inspección laboral facultaría al Ministerio de Trabajo a imponer multas y cerrar negocios sin que medie un juez.
La democracia estrecha es una sociedad donde la única protección que tendremos frente al poder arbitrario del Estado será la buena merced de los funcionarios de turno.
Juan Carlos Hidalgo
Analista sobre América Latina en el Cato Institute en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y una Maestría en Comercio y Política Pública Internacional en George Mason University.
