La política pública de Seguridad apunta a hurgar en los puntos calientes de conflictividad para sorprender a quienes están al margen de la ley y al mismo tiempo proporcionar seguridad a la ciudadanía vulnerable ante la creciente violencia y criminalidad.
Las acciones, hasta ahora, han permitido incautar armas, drogas y automotores robados. Aunque también, de manera inevitable, poner presión sobre el ya de por sí cargado sistema penitenciario, particularmente en las áreas de indiciados.