La historia del fallido proyecto minero de Crucitas, en nuestra frontera norte, parece aún lejos de un punto final. Casi 8 años después del juicio que tumbó el avance de operaciones de la empresa canadiense Infinito Gold por razones ambientales, la finca es escenario de nuevos riesgos ecológicos y de conflictos violentos por la explotación informal fuera del control de nuestras autoridades; incluso de la Policía.
Ahora que asume funciones el nuevo gobierno, el ministro de Ambiente designado, Carlos Manuel Rodríguez, señala como prioritario el traspaso de esta finca a manos del Estado para desarrollar actividades alternativas que ahuyenten a decenas de coligalleros nacionales y extranjeros que extraen el oro con químicos peligrosos. El “caso Crucitas”, vigente incluso en investigaciones judiciales, llegó en una década a un estatus que no imaginaron los inversionistas canadienses y tampoco sus detractores.
La experiencia muestra que, sin una gestión adecuada, el fin de un proyecto nocivo puede ser el inicio de consecuencias casi tan negativas como las que se querían evitar.
