En tan solo 17 meses de gestión (de julio 2022 a diciembre 2023) la administración Chaves Robles emitió 6 decretos de emergencias. Desde los ciberataques, pasando por los impactos del huracán Julia, la tormenta Bonnie, ondas tropicales, la contaminación de agua con mercurio y hasta los flujos migratorios.
De acuerdo con la información de los Planes Generales de Emergencias correspondientes con esos decretos, el costo total de las inversiones asciende a ₡210 mil millones, a los que se suman ₡21.800 millones para la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber en Guanacaste, obra que se incluyó un año después de emitido el decreto sobre Bonnie y cuya adjudicación provocó este martes la caída de Luis Amador, el polémico y hasta entonces poderoso jerarca del Mopt.
Pero a esta situación particular, hay que añadirle dos hechos financieros no menores. El mes pasado, la Asamblea Legislativa aprobó un empréstito abierto por $700 millones con el BCIE, para atender unas 500 obras dañadas por efectos de emergencias y la semana pasada el Banco Mundial anunció la aprobación de otro crédito por $350 millones para “infraestructuras, servicios resilientes al clima y desastres en Costa Rica”.
Son muchísimos recursos para gestionar bajo la amplitud de la ley de emergencias, que proporciona trámites y controles más expeditos y una verificación solo a posteriori de la Contraloría General de la República. Ya hemos vivido oscuros episodios de abusos e irregularidades en esta materia, por lo que se hace necesario poner en evidencia los peligros que entraña el abuso de esta figura para contratar por vía de emergencia, lo que muchas veces correspondería rigurosamente hablando con construcción ordinaria.
Para conocer más detalles de cómo regular esta situación, conversamos con la ex presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanesa Rosales.
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