Es cierto. Costa Rica tiene una larga trayectoria en normativa para la consolidación de los derechos de las mujeres, pero una de las deudas urgentes de saldar, es sin duda, la de la violencia estructural.
Desde 1984, con la aprobación nacional de la “Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación” podemos sumar una cantidad importante de legislación, pero ello es aún insuficiente.
Este enorme esfuerzo de colectivos, políticas e instituciones son un avance que choca contra la realidad cuando los datos procesados del 2022 del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Observatorio de la violencia contra las mujeres, registraron 20 femicidios, 7.537 personas imputadas por violencia contra mujeres y 544 violaciones sexuales; de las cuales, tres de cada diez fueron contra menores de 20 años.
Las causas múltiples de los delitos contra esta población se mantienen y van incorporando nuevas perspectivas acerca de las cuales debemos conocer y analizar, como es el caso de las mujeres migrantes que atraviesan nuestro país o las nacionales que deben migrar de un lugar a otro del territorio para buscar mejores condiciones de vida.
La perspectiva de género, para garantizar derechos fundamentales, es un ejercicio siempre necesario, para lo cual conversaremos con las investigadoras de la Universidad Nacional, Sileny Mena Gómez y María Amalia Penabad.
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