El artículo 50 de nuestra Constitución Política, recientemente remozado, garantiza que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable, de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano… Y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.
Se trata entonces de una norma de obligada observancia, y por ello las actuaciones, omisiones, retrasos y medidas adoptadas (o no) por las autoridades del Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en una crisis como la actual de contaminación del líquido en varios cantones del Área Metropolitana, demanda explicaciones más contundentes.
Veamos: hay más de 100 mil personas afectadas, las primeras alertas advirtiendo de la situación, tanto de pobladores, como de funcionarios de AyA, se desoyeron. Para colmo luego se intentó minimizar la situación al afirmar que no se sabía si el contaminante era o no suficientemente tóxico.
Una semana después, no se tiene claridad del origen de la contaminación y el abastecimiento con cisternas resulta insuficiente.
Estamos ante una emergencia que no se trata como tal, con vocerías verticales que no cubren las necesidades de información de interés para la ciudadanía, dado que al AyA se la ha prohibido atender requerimientos de la prensa y Salud no da abasto para atender todas las demandas.
Pero el tema, si bien es de atención inmediata, va más allá de la coyuntura. En un marco más amplio, los problemas con agua, vienen desde hace meses. Se han dejado perder préstamos para importantes proyectos de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y el muy crucial para la modernización del Laboratorio Nacional de Agua. Todo nos coloca en una posición vulnerable.
Y para analizar esta delicada situación conversaremos mañana con Rolando Marín, investigador, asesor y consultor nacional e internacional en el tema de recursos hídricos y gestión comunitaria del agua.
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