El Ejecutivo tiene una cantidad de piedras calientes con las repercusiones de los audios de Presidencia, las polémicas que envuelven a la jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una ola de criminalidad que no logra contenerse, los cuestionamientos vinculados con los aparentes usos indebidos de RACSA y el SINART y el último frente de batalla abierto con la Contraloría General de la República.
El Legislativo sigue con su actividad de control político que pone en zona caliente de investigación a varios jerarcas; tal el caso del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la Presidenta Ejecutiva de la Caja, que tras su primera reacción de resistencia, parece que desea bajar el tono ahora con la declaración de que si devolverá los sobre sueldos recibidos, aunque aún mantiene la batalla contra la construcción del nuevo Hospital de Cartago en el lote de la discordia. También continúa muy activa la comisión que investiga el financiamiento de la pasada la campaña electoral, con énfasis, casi exclusivamente, en los manejos del partido oficialista.
Y desde el foro de representantes de los poderes de la República, inició muy activo el año con la deliberación para amarrar proyectos neurálgicos de mejora de la seguridad ciudadana y reformas de leyes punitivas necesarias.
Una ciudadanía que ya estableció como sus mayores preocupaciones la inseguridad, el alto costo de la vida y la corrupción sigue esperando resultados de la gestión gubernamental.
El año 2024 se perfila desafiante y las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Para aportar elementos a este arranque conversaremos con el politólogo, Gustavo Araya.
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