Declarar un día contra la violencia obstétrica como un acto efectista consecuencia del lamentable caso de Angie Herrera y su hija Isabella no, no solo es absolutamente insuficiente, sino que soslaya la necesidad de penalizar ese tipo de maltrato físico y emocional. Lo que resulta imperioso es trabajar aún más en la humanización de la atención sanitaria, incluidos los maltratos verbales, la falta de información y de acompañamiento, las violaciones al derecho a la intimidad, el trato humillante y degradante, la utilización de técnicas obsoletas, la falta de equipo médico, y de atención oportuna y eficaz de las emergencias de las mujeres embarazadas.
En una década la Defensoría de los Habitantes reportó haber recibido 330 denuncias este tipo, por lo que desde el 2015 ha enviado informes con recomendaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a las direcciones hospitalarias, ya que han investigado casos en los que han determinado hechos referidos a humillaciones, maltrato verbal, inobservancia del consentimiento informado y procedimientos dolorosos, entre otros que tipifican esta conducta.
Como sociedad se demanda un abordaje que incluya los derechos humanos y reproductivos de la mujer embarazada, la legalidad, el acceso a la salud, la perspectiva de género, la atención institucional y médica.
Es un tema que ha vuelto a la palestra y por ello lo profundizamos con la Dra. Gabriela Arguedas, catedrática de la UCR y coordinadora del Observatorio de los Derechos Reproductivos.
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