Por Jaime Ordoñez
Según la CEPAL, Costa Rica paga 22,4% de impuestos del PIB, por encima del promedio latinoamericano.
El gobierno de Costa Rica necesita avanzar en cuestiones fiscales, pero no puede hacerlo falseando la realidad. Más que nunca, hoy se necesita exactitud y veracidad para tener un diálogo efectivo en este y otros temas. Caso contrario, no habrá confianza ni voluntad de ninguno de los sectores económicos y sociales del país representados o que influyen en la Asamblea Legislativa. Y el país seguirá atascado.
Veamos tres errores del gobierno en las últimas horas (y también en los últimos meses) que dificultan un diálogo inteligente y efectivo en materia fiscal:
1.- El presidente Solís dijo al periódico La Nación que Costa Rica tiene una de las cargas tributarias más bajas de América Latina. Ese dato es incorrecto y es una gruesa inexactitud del presidente (o de sus asesores en Hacienda o Casa Presidencial, que deberían estudiar más cuidadosamente antes de ponerlo hablar). Costa Rica no sólo tiene la carga tributaria más alta de Centroamérica, sino que está por encima del promedio latinoamericano. Costa Rica paga un 22,4% del PIB como carga tributaria, y el promedio latinoamericano es de 21,3%. Sólo cuatro países de América Latina tienen una carga mayor que CR, y nuestro país cobra más impuestos que Chile, Colombia, México, Ecuador, Panamá y buena parte del resto de la región. La información de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL) se puede encontrar en: OCDE/CEPAL/ BID (2015). Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe. OECD Publishing, Paris.
2.- Afirmar que nuestra carga tributaria es únicamente del 15% o 16% (como han dicho funcionarios de Hacienda) es incorrecto, pues no incorpora la carga obrero-patronal de la CCSS que es cerca de un 6% adicional, y que es considerada una imposición fiscal, que también afecta los promedios de los otros países en el cálculo internacional de la OCDE.
3.- Los impuestos pertenecen al ámbito de la política, y ésta siempre implica transacciones y acuerdos. La renuencia a hacer un control de gasto efectivo en la discusión de los Presupuestos de la República 2014 o 2015 (este último aprobado en oscura connivencia con el PLN) está en la retina y la memoria de los sectores económicos a los que se quiere cobrar más impuestos. Es claro que sí ha habido un esfuerzo importante del gobierno por re-negociar algunas Convenciones Colectivas excesivas y ominosas, pero hace falta enfrentar algunas “trabas-simbólicas” y sustantivas, como los 50 millones de SORESCO, los privilegios de un reducido número de instituciones autónomas (no más del 5% de la población laboral del país), que discrimina al restante 95% de empleados públicos y privados. Mientras la población no vea más esfuerzo y eficacia en el gasto, no querrá pagar más. La clave es la infraestructura, pero no se ve por ningún lado.
La mayoría de esto no lo creó este gobierno, desde luego. Viene heredado del pasado, de muchas administraciones de las últimas décadas de los partidos tradicionales. Sin embargo, este gobierno fue electo para hacer un cambio, y hasta el momento no lo hace. Por eso el PAC va camino a convertirse en más de lo mismo. Por eso sentimos que es el país sigue sin avanzar en infraestructura, en materia fiscal, en reforma a la CCSS, y en muchos otros temas.
Ahora bien, el problema de fondo es creer que un solo partido (o gobernante) puede hacer esos cambios. Eso es imposible en la Costa Rica de hoy. Es irreal y arrogante. Sólo un gran acuerdo de sectores, un “pacto nacional” donde todo el mundo gane y pierda un poco, podrá relanzar esta Costa Rica atascada que tenemos. Hay que hacer una suerte de “Concertación” a la chilena de los años 90, o un “Pacto a la Moncloa”, como hicieron los españoles en la transición democrática. Pero, la gran pregunta es: ¿en los actuales partidos políticos de Costa Rica, tenemos los actores políticos capaces de una gran reforma como esa? ¿Dan la talla para un reto de esa magnitud?
