Por Jaime Ordoñez
No conozco a doña Eugenia Cartín (la traductora del RREE). Escribo esta nota como un simple ciudadano para darle apoyo y solidaridad. Estoy indignado no sólo por el daño jurídico y moral que se le ha infligido por parte de la empresa telefónica que filtró una conversación absolutamente privada cliente/empresa a cientos de miles de personas en las redes sociales, sino--además--por la burla y el escarnio contra ella con motivo de esa filtración.
El asunto es muy simple. Doña Eugenia era una cliente ejerciendo sus derechos ante una empresa que reiteradamente había fallado. ¿Que ella se exasperó en una conversación privada cliente/empresa? Sí, desde luego. Sin embargo, no hubo delito alguno en sus palabras. Sólo enojo mayúsculo. ¿Cuántos de los lectores no han caído en la rabia cuando una empresa falla una y otra vez y, sin embargo, sigue pasando la factura mensual? Y es que una de las cosas que nos hace falta en la Costa Rica actual es firmeza y carácter para exigir nuestros derechos. Los derechos del consumidor prácticamente no existen. Somos sólo numeritos y facturas en los contratos de adhesión. Más grave que siervos menguados: borregos dormidos.
Nada de lo que dijo doña Eugenia es un delito, por molesta que estuviese. Era una conversación totalmente confidencial, entre dos personas (ella y el operador telefónico). Lo grave es que en la represalia de la empresa (filtrar la conversación a las redes, a cientos de miles de personas) sí parece haber dos graves violaciones jurídicas.
En primer lugar, al artículo 24 de la Constitución Política de Costa Rica, pues la privacidad de una conversación es inviolable! La decisión del empleado, o el Departamento de la empresa que sacó la llamada de su registro interno y decidió filtrarla (para efectos legales es lo mismo, pues la responsable es la empresa) es una burla descarada no sólo a la Constitución, sino, además, a su cliente y al principio de confidencialidad de los negocios.
En segundo lugar, al filtrar una conversación privada entre un cliente y empresa a cientos de miles de personas puede haber una clara violación a la Ley de Protección de Datos Personales: el audio divulga su nombre, cédula de identidad, teléfono, oficio, etc. y ello ha servido para una agresión y un bullying masivo en redes sociales en contra de doña Eugenia. También puede configurar la existencia de un delito contra el honor, según el Código Penal, que le ha generado un grave daño moral, hoy expuesta ante el escarnio público.
Las personas de carne y hueso necesitamos recuperar la dignidad. Por eso, cuando hago una gestión ante una ventanilla y me encuentro como respuesta con la frasecita "déjeme ver cómo puedo ayudarlo", mi respuesta es siempre: --Ud no me está ayudando. Yo le pago un servicio y Ud. tiene que prestarlo", si se trata de una empresa privada. O en el caso de los funcionarios públicos, la respuesta debería ser.---"Ud no me está ayudando. Usted está haciendo su trabajo por el cual le pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Y es su obligación".
