Ellas no son las “reinas del sur”; son “las conserjes del cartel”.
Con ese provocador llamado, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano presentó un estudio que refiere a la condición de vulnerabilidad de los derechos humanos de las privadas en libertad en el país; que en su mayoría (65%) lo están por violar la ley de psicotrópicos.
El 81% de todas ellas son costarricenses que en mayor cantidad proceden de San José, Puntarenas y Cartago y que son jóvenes de entre 18 y 35 años.
Es la realidad de la feminización del delito de narcotráfico. Un duro retrato en el que la falta de oportunidades educativas, los trabajos informales y mal remunerados, así como la desintegración familiar, conduce al negocio de la droga como alternativa viable a todas las carencias.
