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En su día, el magistrado constitucional Ernesto Jinesta no sólo acuerpó cualquier lucha sindical para intentar detener a la Asamblea Legislativa en su empeño por darle sostenibilidad al más beneficioso régimen de pensiones del país, sino que además aseguró que un recorte a las pensiones de jueces y magistrados abriría la puerta a “ofrecimientos irregulares”. Es decir, a corrupción. Fue un argumento grosero que quedó estampado en las actas de la Corte Plena.

En julio pasado, se produjo la esperada huelga. Un movimiento de vergonzoso recuerdo en el que fueron maltratados los derechos humanos de los usuarios de los servicios de medicatura forense. Ese es parte del contexto del largo camino de este proyecto de ley.

La semana pasada ocupando el lugar de Jinesta, el magistrado suplente Alejandro Delgado, junto con los titulares Fernando Castillo, Paul Rueda y Nancy Hernández avalaron el trámite en primer debate de la reforma a las pensiones del Poder Judicial.
Un elevado costo político interno sin duda para los cuatro integrantes de la Sala Constitucional que, frente a tres votos negativos, asumieron la responsabilidad histórica de salvar el propio régimen y de paso, ayudar a paliar las deterioradas finanzas públicas del país.

Ahora en la carrera contra reloj que implica el cierre del periodo constitucional, los diputados no solo tienen ante sí la responsabilidad de aprobar la modesta reforma fiscal , sino también la tramitación definitiva en segundo debate del recorte a las pensiones del PJ. Pero para ello, deben recibir oficialmente los fallos de la Sala IV.Urge que eso suceda.

Para hablar de este significativo paso adelante en el saneamiento de los regímenes de pensiones y de otras tareas acabadas o pendientes al cierre del Congreso conversamos con la diputada Sandra Piszk en Hablando Claro

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