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El desacuerdo alcanzó un tono tan alto que para volver las aguas a su nivel debieron mediar el Presidente del Poder Judicial y el Presidente de la República.

Finalmente, tras varios días de tensión la semana pasada el Ministro de Justicia y el Director del OIJ acordaron que dispondrán de mil nuevos cupos carcelarios para los próximos cuatro meses en igual número de centros de reclusión. 


El hacinamiento, se sabe bien, no lo padece únicamente el encargado de gestionar las cárceles del país sino también el mismo Organismo de Investigación Judicial en cuyas celdas de detención temporal el problema ha llegado a tener alcances dramáticos. Tan dramáticos como los tiene el Ministerio de Justicia cuando debe acatar los fallos de los jueces de Ejecución de la Pena. Es decir, un nudo gordiano que enfrenta por diferentes vías a los dos poderes de la república y sus respectivas competencias. 


Todo ello ocurre como consecuencia de que la criminalidad no cede. Muy por el contrario, amén de los habituales delitos contra la propiedad que siguen siendo la inmensa mayoría, los homicidios crecen y con ellos la cruda realidad del sicariato y la violencia en todas sus formas. Al finalizar el 2017 se contabilizaron 603 asesinatos, 25 más que el año anterior, lo que constituyó una cifra récord para el país.

Tan crucial es entonces el papel de la policía de investigación en un estado de derecho como su coordinación con otros órganos del entramado institucional y particularmente con el Ministerio Público, la agencia estatal que define la política de persecución criminal del país, por cierto muy redinamizada con la llegada de Emilia Navas al cargo. Es evidente que hoy existe la coordinación de esfuerzos que no se vio en la gestión anterior.

De ambos temas conversamos este miércoles 7 de marzo con el Director del OIJ Walter Espinoza. Los esperamos a las 8 a.m. en Hablando Claro por Radio Columbia.

Hablando ClaroEs un espacio de opinión que se apropia de las tecnologías de comunicación e información para crear un espacio deliberativo y constructivo, que contribuya al fortalecimiento de la libertad de expresión, congruente con la defensa de la democracia y la institucionalidad, para enfrentar los principales desafíos de nuestro país.

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