¿Qué hacemos para mejorar los mecanismos de contratación y evitar (o minimizar en todo lo posible) las anomalías e ilegalidades con negociados públicos como las compras de medicamentos e insumos ortopédicos de la seguridad social, las obras de infraestructura o el cementazo? ¿Cuáles son las reformas de política pública y las modificaciones jurídicas pendientes en el país para generar transparencia en los negocios públicos?
Éstas son sólo algunas de muchas interrogantes que están instaladas en el debate público, mientras avanzan las delicadas decisiones de la comisión legislativa investigadora de dos multimillonarios créditos de la banca estatal y mientras la Corte Suprema de Justicia enfrenta los desafíos de su crisis interna proponiendo sus propias mejoras pero enfrentando sus perennes divisiones. Sólo para citar un hecho puntual, este lunes con los votos de únicamente la mitad de los magistrados, fue designada como Fiscal Subrogante interina la fiscal Mayra Campos.
Es en este contexto que ciudadanos como el catedrático Jaime Ordoñez y el ex magistrado José Manuel Arroyo, adelantan varias propuestas de reformas normativas y legales. Entre ellas, la derogatoria de la vetusta y maloliente ley 4-3 para que las instituciones autonómas y semi autónomatas dejen de ser un botín político, el establecimiento del postergadísimo sistema unificado de compras y contratación pública para transparentar los negocios y, por supuesto, los imperiosos cambios en los sistemas de elección de magistrados y diputados.
Con ellos, respecto de esas propuestas y la viabilidad de que se aprueben en el entorno de fragmentación política del país, conversamos este martes 5 de diciembre en Hablando Claro.
