El engranaje judicial activado tras la renovación de piezas en el Ministerio Público sigue en movimiento. Como es sabido, la semana pasada se confirmó la resolución de primera instancia de prisión preventiva para los siete imputados en la concesión de créditos para la importación de cemento. Y por supuesto, no tardaron en planteanterse nuevas interrogantes.
Para confirmar esa drástica medida se tomaron en cuenta las aparentes intenciones de Juan Carlos Bolaños con respecto a una posible huida del país, la venta de su casa, el documento con la "estrategia" para favorecer la permanencia de Mario Barrenechea al frente del banco y la posibilidad del equipo gerencial de influir en los testigos dado su estatus en la estructura del BCR.
Hacia dónde se dirige el caso? Existen posibilidades que de una instancia superior revise la decisión de segunda instancia, o están agotadas las alternativas hasta que se cumpla este período de privativa de libertad?
Por otra parte, avanzan las primeras las decisiones políticas en Corte Plena para enderezar la gobernanza del Poder Judicial. Este lunes la jerarca del Ministerio Público Emilia Navas, entregó la propuesta para un proyecto de ley de carrera fiscal. El documento, como su nombre lo señala, pretende establecer requisitos para la nominación adecuada de los ascensos en el Ministerio Público. Pero además, los magistrados adelantaron también la normativa sobre conflictos de interés para la Corte.
Para contextualizar adecuadamente los avances del caso y las decisiones judiciales en curso conversamos con el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Chirino y con el abogado litigante, miembro de la Comisión Penal del Colegio de Abogados, Gerardo Huertas.
