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El régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se encuentra financieramente per se, en una situación compleja. Y como si fuera poco, una comisión legislativa aprobó la semana pasada en primer debate un proyecto que lo debilitaría aún más. La alarma con respecto a los números del régimen no es algo nuevo.

Con una revelación de cifras preocupantes con las que despedimos el 2016 y en busca de un mecanismo que permita sostener el sistema, la semana anterior la Junta Directiva de la CCSS aprobó el aumento de un punto porcentual en la cotización de los trabajadores.

Eso detonó en la salida de la Presidencia de la Junta Directiva de la Dra. María del Rocío Sáenz, uno de los 8 votos a favor del aumento aprobado. Los empresarios respondieron también retirándose temporalmente de la mesa de diálogo que discutirá una reforma a las pensiones.

Casi al mismo tiempo, una comisión legislativa aprobó un proyecto que autorizaría que hasta 6.000 docentes se trasladen del IVM a uno de dos regímenes de jubilaciones del Magisterio Nacional, lo que generaría nuevos golpes financieros a la Caja.

La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), explicó que si la mayoría de educadores se pasa al extinto régimen, le tocaría al Gobierno aportar el 90% de lo que reciben los jubilados.

Para la CCSS, la salida de educadores generaría una pérdida de ¢52.400 millones de sus reservas. Esa suma es igual a la que se requiere para pagar un mes completo de pensiones.

Para poner en perspectiva los hechos más recientes que afectan a la CCSS conversamos con la representante del sector empresarial en la Junta Directiva de la Caja, Marielos Alfaro en Hablando Claro.

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