Hecha la ley, hecha la trampa.
Al amparo de un decreto de emergencia nacional al que se recurrió en la pasada administración para procurar en tiempo récord una obra pública que supuestamente no podía esperar por los lentos trámites de los mecanismos formales de la contratación administrativa costarricense, un grupo de empresarios privados y de funcionarios públicos del Consejo Nacional de Vialidad, terminaron embolsándose más de ¢1,200 millones del erario público, en lo que constituye el mayor acto de corrupción registrado en la historia del país y de acuerdo con la elevación a juicio planteada cinco años después por el Ministerio Público.
Una inmensa vergüenza nacional convertida finalmente en un gigantesco expediente judicial de casi 700 folios, además por supuesto de una obra inconclusa y abandonada que costó cientos de miles de millones perdidos en el también inmenso agujero del desfinanciamiento de la hacienda pública.
Y por si el oprobio no fuera suficiente, se le llamó de manera altisonante "Carretera Nacional 1856 Juan Rafael Mora Porras".
Hoy, 26 costarricenses han sido formalmente acusados de una variopinta calificación delictiva que va desde enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, encubrimiento de bienes, infuencia en contra de la Hacienda Pública y hasta lavado de dinero.
¿De qué forma se montó ésta organización delictiva? ¿Cómo operó varios meses a sus anchas y cómo cayó?
Para hablar de corrupcción en la obra pública, un problema persistente a lo largo de la historia de la humanidad que lesiona gravemente la credibilidad en la democracia, conversamos con el Fiscal General de la República Jorge Chavarría, hoy en Hablando Claro.
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