Todavía cuesta dimensionarlo. Colombia está a cuatro semanas de someter a consulta popular el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Lo que pretende ser el fin de 52 años de conflicto armado está en manos de los ciudadanos mientras el Gobierno de Juan Manuel Santos dirige todos sus esfuerzos en lograr el resello en las urnas y otros grupos intentan darle el aldabazo por considerar que el acuerdo resultó injustamente ventajoso para la histórica guerrilla de orígenes comunistas.
La fecha de la firma será el 26 de setiembre, con la presumible presencia de dignatarios internacionales que reflejarán la fuerte legitimidad internacional que se le concede al acuerdo, aunque la palabra la tienen 34 millones de electores colombianos.
En medio hay mil factores y consecuencias, incluidas algunas que tocan de manera contundente a toda la región, que también sigue atenta los acontecimientos políticos en Brasil, donde Dilma Rousseff ha sido sacada de la Presidencia por un proceso revocatorio plagado de cuestionamientos internos y externos. Gobiernos aliados del Partido de los Trabajadores (PT) han retirado a sus embajadores y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado su preocupación.
Solo una apelación ante el Tribunal Supremo podría revertir esta destitución que algunos llaman “un golpe de estado blando”.
El politólogo Constantino Urcuyo estará con nosotros este lunes en el comienzo de una semana que pinta muy activa en Bogotá y en Brasilia, pero también en todo el continente que sigue con atención ambos procesos en Hablando Claro.
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