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Por: Allan Astorga Gättgens, Catedrático UCR (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /www.allan-astorga.com) 


Con la finalización de la administración de gobierno de presidente Luis Guillermo Solís, se hace necesario, realizar un balance sobre la gestión ambiental realizada. A modo de síntesis, desafortunadamente para todos los habitantes del país, el resultado no es nada positivo, todo lo contrario, como en el caso de las dos administraciones precedentes, el resultado es similar: un gran desperdicio de tiempo que se traduce en estancamiento y en retroceso. Algo que, desde la perspectiva de la situación ambiental a nivel mundial, resulta un lujo que es absolutamente ilógico e inconsistente para un país que se vende al mundo como un líder en la protección del ambiente. Veamos los resultados:

Debilitamiento de la institucionalidad ambiental: con el inicio de la administración se dió el primer gran fallo que se traduce en la pérdida de credibilidad en la institucionalidad ambiental. Ello en razón de la aprobación, “a golpe de tambor” de la Viabilidad Ambiental a la Terminal de Contenedores de Moín. Y que quede claro, no se trataba, como hemos mencionado reiteradamente, de que no se diera la modernización portuaria en Moín. Lo malo aquí es que se otorgó la aprobación por parte de la Comisión Plenaria de la SETENA, en contra de la misma posición de su Unidad Técnica, en un sitio no apto (con un suelo que no es rocoso), lo cual, a la larga ha significado un atraso de más de un año para la inauguración de la Terminal y con un costo económico muy alto (sobre el que no se sabe mucho y que nadie ha buscado cuantificar).  Con el factor negativo adicional, que es la interrogante de la “vida útil” de la Terminal que debería ser de hasta 50 años.

 Ridículo ambiental: vinculado al tema de esa Terminal, se suma un asunto heredado por esta administración y terminado de complicar. El camino de acceso, la denominada Ruta 257. Contra toda lógica, se ordenó la construcción de esa ruta de acceso, a ras de suelo a fin de facilitar el inicio de la Terminal. Ruta de acceso de 20 metros de ancho que atravesó áreas de humedal, y que rápidamente de consolidó como un camino de ingreso y salida a la Terminal, sin pifia de conexión a la misma. Pero no bastando esto, se desarrolló, por encima de la calle ya existente, un viaducto que termina costando cerca de $ 80 millones y que era totalmente innecesario, pues ya el acceso, ya existía. El principal argumento para la construcción de un viaducto de tal precio: “proteger el humedal”, algo absolutamente ridículo, si  se toma en cuenta que el daño ya estaba hecho.

Frustrada y costosa refinería: Otro tema que también se heredó de la administración anterior, pero que, durante los dos primeros años, se mantuvo, significando un muy serio gasto, fue la tristemente célebre Refinería china en Moín. Muchos viajes se hicieron a China, millones de dólares se han gastado (se estima que cerca de 50) y todo para que al final, se diga que se desista y bueno, como sin “nada hubiera pasado”. Millones de dólares que a todos los costarricenses nos ha tocado pagar y nos tocará pagar aún, por simples decisiones estratégicas (políticas) desacertadas. El denominado lema de campaña "Con Costa Rica no se juega" fue, en materia ambiental, un simple lema y nada más que eso: se siguió jugando con millones de dólares que ahora todos deberemos de pagar. 

Plan GAM: En el tema protección del ambiente, hemos señalado que un país como Costa Rica, requiere, con suma urgencia, acelerar el tema del Ordenamiento Ambiental del Territorio. Es decir, agilizar la existencia de planes reguladores o planes de ordenamiento territorial, cantonales y costeros en todo nuestro país. La administración Solís, en este tema, perdió un tiempo muy valioso y continuó el verdadero desastre que le heredó la administración Chinchilla. Algo que la historia le cobrará por su enorme falta de visión. Primero que todo, la Administración Chinchilla le hereda un Plan GAM 2013, que con el debido tiempo advertimos a Casa Presidencial, que se trataba de un POTGAM “vestido de oveja”, es decir, que era un engaño y que no se trataba de un PRUGAM modernizado. Insistimos que debería anularse el Reglamento publicado en abril del 2014 y volver a la versión original firmado por la Presidente Chinchilla en enero del 2014. Nada funcionó, a pesar de que dimos las pruebas del caso. Finalmente tuvimos que presentar nuestros argumentos a la Sala Constitucional, la cual las acogió y suspendió la aplicación de ese Plan Regional de la GAM, generando así más atraso, en el ordenamiento urbano de la GAM, nuevamente, por falta de visión política. Mientras tanto, la GAM sigue padeciendo de una severa arteriosclerosis vehicular que convierte en una verdadera odisea atravesar la Ciudad, ya no solo en horas pico, sino a todas horas. Se estima que se pierden cerca de $ 1500 millones por año, solo en presas y tiempo “laboral” o familiar, perdido. Cada día entran 150 vehículos nuevos, sin que se incremente las carreteras. Los habitantes de la GAM y de las ciudades intermedias (San Isidro, Ciudad Quesada, Liberia, Limón, Puntarenas, Turrialba), poco a poco, vamos descubriendo que el trasfondo de las presas, es la falta de planificación y la desidia de nuestros gobernantes. Un estudio debería de darnos el dato de cuánto representa en porcentaje del PIB de este costo que todos pagamos, más en estos tiempos que corren.

Planes reguladores: pero el asunto no se queda allí, resulta que la SETENA, entre finales del 2009 y el 2016, rechazó y archivó 80 informes ambientales de planes reguladores de 50 cantones. Eso significa el 76 % de los informes presentados, algo que, si lo hiciera en materia de EIA, habría provocado un desastre en el país, pues lo hubiera paralizado. No obstante, al tratarse de un tema de municipalidades y planes reguladores, parece no haberle importado a casi nadie, sin medir el enorme daño que se le estaba haciendo al desarrollo sostenible del país. Más pérdida de tiempo y falta de visión. Pero hay más, en septiembre del 2015 se publica un Decreto para, dizque, agilizar el trámite de los planes reguladores, pero resultó un nuevo “confite envenenado”.

Dentro del decreto, venía la línea de anular y sustituir el Decreto 32967 – MINAE del año 2006 con el que se dio Viabilidad Ambiental del PRUGAM y a otros 17 cantones, sin que se diera la justificación técnica real de eso. Pero, además, el mismo decreto establecía que el MIVAH (como “rector” a cargo, gracias a que el MINAE no asumió esa responsabilidad), junto con otros ministerios e instituciones, podría ordenarle a la SETENA y el INVU, el orden en que se deberían revisar y “aprobar” los planes reguladores. Y sorpresa, la primera lista comunicada por un oficio, firmado por todos los ministros relacionados, le dice que atienda, con prioridad un grupo importante de planes reguladores realizado por ProDUS UCR que, por casualidad, fueron coordinados por el señor Rosendo Pujol, el mismo flamante ministro del MIVAH.  No vamos a llamar esto "legislar en beneficio propio", pero se trata de algo muy cercano, y sobre lo cual nos deben dar respuesta el Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética.

Status quo de desplanificación urbana: pero todo esto, no parece casual. Es claro que esta administración, contrario a la búsqueda de soluciones en el tema ambiental a uno de los mayores problemas que tiene el país, referente al uso del suelo en nuestro territorio, más bien, acentuó el “status quo” vigente desde hace muchos años y que, claramente, beneficia, a una serie de sectores económicos privilegiados. Una prueba irrefutable de ello, fue que el INVU, durante los primeros 18 meses de esta administración, trabajó con una nueva propuesta de reglamentos clave en el tema del uso del suelo, como son: a) Reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones y b) Reglamento de Construcciones. Lo sorprendente, fue que prácticamente el mismo día en que dichos reglamentos son puestos en consulta pública, sale de Casa Presidencial, un correo electrónico, ordenando que se saquen de consulta, y así, un esfuerzo de casi año y medio, por mejorar y modernizar esos reglamentos fundamentales, son sacados de circulación y enviados al olvido. Hoy, al final de la administración, seguimos igual, el “status quo” se mantiene, y la desplanificación urbana sigue agravándose. Para un Gobierno de supuesta "Acción Ciudadana", no cabe duda que la se percibe misma opacidad de las administraciones 2006-2010 y 2010-2014.

Sin planificación estratégica: en materia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y Planificación Estratégica, durante varias misivas al Ministro de Ambiente Edgar Gutierrez, le solicitamos, que emitiera el reglamento que normara la EAE, a fin de que las políticas, planes y programas, más estratégicos del país, se pudieran realizar por ese instrumento que tiene como base, los principios de Transparencia, Participación e Información. Fuimos ignorados, y sobre esa base se generaron nuevos planes y políticas como las que versan sobre Energía, Humedales, Reciclado y otras muchas, proyectadas al 2030, pero sin cumplir con las reglas básicas que establecen los estándares internacionales modernos. Más pérdida de tiempo y recursos, que no muestran otra cosa que una miope visión política en materia ambiental. Finalmente, tuvimos que recurrir a la Contraloría General de la República, la cual le ordenó al Poder Ejecutivo que normara la EAE para políticas, planes y programas y la pusiera en práctica para este año 2018. Esperamos, sinceramente, que la nueva administración trabaje en esa línea y desarrolle de verdad, una Planificación Estratégica del país, con un mejor sentido de transparencia, participación e información.
Áreas Silvestres des-Protegidas: en tema de áreas silvestres protegidas, la Administración Solís Rivera, no puede ser calificada como positiva, todo lo contrario, más bien ha representado una muy seria amenaza. Aunque en materia de explotación geotérmica en parques nacionales, estableció una moratoria hasta el año 2021, en la práctica, el mismo partido de gobierno (PAC) y el mismo gobierno, actuaron en una dirección diferente. Se propusieron ante la Asamblea de Legislativa una serie de proyectos de ley y decretos ejecutivos, muy peligrosos a) ley para extraer energía geotérmica en tres parques nacionales de Guanacaste, (Expediente 19.233) b) ley para modificar la ley de caminos públicos (Expediente 19.899), para permitir hacer carreteras atravesando áreas silvestres protegidas, so pretexto de que allí es más fácil, ya que “no hay que expropiar terrenos”, c) ley que promueve la extracción de recursos hídricos de las áreas protegidas (Expediente 20.447) y, d) el decreto para construir carreteras atravesando humedales (Decreto Ejecutivo 39838 –MINAE) . Decreto que, nuevamente tuvimos que impugnar ante la Sala Constitucional, pues resultaría altamente dañino a los sistemas de humedal que son altamente valiosos ecológicamente y que, durante los últimos 40 años, se han reducido en un 40 % en todo el mundo. Nueva muestra de falta de visión ambiental. Así luchamos contra el Cambio Climático, sacrificando ecosistemas.

A esto se suma el hecho de que los Parques Nacionales y, en general, las áreas silvestres protegidas, se han descuidado. Se ha aumentado la burocracia y se ha disminuido el personal de campo (guardaparques). Las áreas silvestres, son afectadas por incendios forestales, cacería ilegal, extracción minera ilegal (como en Osa) y hasta por las actividades del narcotráfico. Se tuvo que presentar un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional para que esta entidad le ordenara al Estado, que le diera más recursos al SINAC para proteger las áreas silvestres protegidas. Áreas silvestres, cuya biodiversidad y belleza paisajística es lo que sostiene una de las principales fuentes de ingresos al país, por turismo y ecoturismo. Nuevamente, se nota contradicción, pues, aunque se trabaja porque más turistas nos visiten, por otro, dañamos la razón principal por la que vienen al país.
Nuestros mares sobrexplotados: en el tema de nuestro mar Patrimonial y los recursos marinos, la administración Solís, resulta sumamente decepcionante y  a todas luces retrógrada. Hay muchos temas en que el gobierno nos ha fallado y las ONG que trabajan en el tema de la protección de la vida marina, nos lo han señalado reiteradamente. Se ha seguido expoliando el recurso pesquero del país, particularmente con la explotación del Atún Aleta amarilla (por cada tonelada explotada, el país solo obtiene el equivalente a $ 60). Algo, absolutamente inconsistente e incoherente, en particular, si notamos que nuestros mares han sido sobreexplotados durante los últimos 10 años (¡que caro nos ha costado el Estadio Nacional!). Pero todavía hay más, de forma irresponsable, se ha promovido la exportación de las aletas de tiburón, promoviendo así, su captura y tortura, en un país que le da la cara al mundo, como un “gran protector del ambiente”.  Queda señalar, en este tema, el hecho de que la administración, de forma insistente, promovió por varios proyectos de ley, la Pesca de Arrastre del Camarón, algo que se sabe que devasta la vida de los nuestros mares. Como colorario, la administración hereda la búsqueda de soluciones sostenibles a la población de pescadores artesanales que requieren alternativas reales de trabajo, en donde ellos se conviertan en verdaderos protectores de nuestros mares. Al respecto, hemos señalado la importancia de buscar soluciones duraderas, como, por ejemplo, la creación de un Bono accionario Pro Pesca sustentable, solo para empezar a trabajar en soluciones al tema marino de nuestro país.

SETENA y EIA: en este tema, lejos de avanzar, el país ha mostrado un enorme retroceso. En febrero del 2018, la administración puso en consulta la propuesta de un “nuevo” Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Con el pretexto de “remozar” a la SETENA (además de cambiarla al viejo edificio de RECOPE), se sustituiría por completo el Modelo de Evaluación de Impacto Ambiental vigente, desde el año 2004, por un regresivo y altamente permiso instrumento que, volvía a instaurar los “inconstitucionales” umbrales y que es altamente favorable a los intereses de la Cámara Costarricense de la Construcción, dado que propone disminuir de 3 mil expedientes promedio anuales que tramita la SETENA a menos de mil. Algo que además de desproteger el ambiente, también crea desempleo entre muchos profesionales jóvenes que se desenvuelven como consultores ambientales. Pero el asunto no solo terminaba allí, contrario a los estándares internacionales, eliminaba la Evaluación Ambiental Inicial, la cual es clave para determinar si un proyecto puede ser potencialmente viable o no. Con ello, eliminaba la figura de la “Viabilidad Ambiental Potencial”, la cual resulta clave para promover un proyecto tan importante como el Tren Rápido de Pasajeros (TRP) u otras obras clave para el país, como la ampliación de la Ruta 27 o el mismo nuevo aeropuerto en Orotina. Así de mal estamos, retrocediendo en todo lo que tiene que ver con protección ambiental y desarrollo sustentable.

Minería: en el tema minero, vale señalar una mención especial, pues tanto la Dirección de Geología y Minas, como el mismo Ministro de Ambiente y Energía, emitieron unas resoluciones que resultan históricas y dignas de enmarcar, como algo absolutamente retrógrado e ilógico. Esto, en materia de la explotación minera en playas y en el subsuelo marino, pues, según sus argumentaciones, el Código de Minería, no les permite actuar si alguien hace minería ilegal en las playas y el subsuelo marino. Por eso, señalamos que, con esa ilógica e inconsistente posición, Costa Rica, se estaba convirtiendo en el “Paraiso de las islas artificiales” algo que no resulta, para nada motivo de orgullo, sino de vergüenza nacional.

Crucitas: tampoco podemos dejar de lado el desastre en que se ha convertido el tema Crucitas. Muchos responsabilizan a los ambientalistas que nos opusimos al trámite “ilegalmente orquestado” por la empresa y los políticos y técnicos de la administración Arias Sanchez que, desembocó en la anulación de todo lo actuado y que, todavía ahora, está a las puertas de un nuevo juicio. Pero una cosa es esa, y otra es que se permita el ingreso ilegal de miles de coligalleros nicaragüenses que cargan consigo el Mercurio que mata, no solo a su propia salud, sino al mismo Río San Juan, donde al final van a dar las aguas y suelos contaminados. Urge hacer algo serio, pues se trata de un problema cada vez más grave que tarde o temprano, nos va a explotar como un serio conflicto diplomático.

Piña: al igual que en las administraciones precedentes, la expansión piñera se siguió dando con gran rapidez, catalizado por el tratado de libre comercio con China. La justificación es que da “mucho” empleo, cuando en la práctica se dan dos empleos por hectárea, sin que eso justifique para nada, el enorme y costoso daño ambiental que produce, en particular, por el complicado paquete tecnológico que utiliza de agroquímicos y pesticidas. Dejamos claro que no se trata de que se elimine el cultivo de piña en el país, pero creemos que Costa Rica merece algo mejor, con una producción de piña más ecológica, que no contamine los acuíferos ni los suelos, ni tampoco sacrifique los bosques y humedales de nuestro territorio. El pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR de diciembre del 2008 exigiendo una moratoria nacional para nuevas plantaciones de piña retumba, a casi 10 años de su elaboración, como una clara advertencia desoída por autoridades del MAG y del MINAE empecinadas en favorecer el crecimiento de este dañino monocultivo. Los reportajes en países europeos sobre los daños provocados por la piña costarricense cada vez van creando mayor conciencia en el consumidor europeo, y posiblemente el consumidor chino empiece de igual forma en algún momento a hacerse algunas preguntas.

Aguas y sus conflictos: otro ejemplo de la enorme inoperancia que ha tenido la administración Solís Rivera. Además de que, finalmente no se pudo aprobar una nueva Ley de Recursos Hídricos, propuesta por iniciativa popular, lo más grave, es que, en el tema de gestión de recursos hídricos, lejos de avanzar, retrocedimos mucho, por todo el tiempo perdido. Insistimos, desde el principio, de la urgencia de gestar mejor las aguas subterráneas, por medio de un reglamento que la Sala Constitucional ordenó que se elaborara desde el año 2004. Contrario a eso, se han recuperado las mismas acciones de imposición de medidas como el caso de Sardinal y, además, se ha dejado que el problema de SENARA y su matriz genérica, se convierta en una muy grave amenaza al desarrollo del país. El agua, especialmente la subterránea, merece ser cuidada y protegida como un recurso estratégico, pero con un criterio lógico y racional y no, por medio de costosas medidas que, al final, no implican su protección, sino un aumento muy honeroso de la ya compleja tramitomanía. Así, ahora más rápido que antes, nos seguimos hundiendo en el subdesarrollo.

Energía: se elaboró un Plan Nacional de Energía, con un horizonte al 2030, pero no, bajo un marco de Evaluación Ambiental Estratégica, es decir, sin carácter vinculante. El Plan plantea algunos aspectos positivos, dentro de cuyo contexto, se puede recalcar la aprobación de la Ley que permitiría introducir vehículos eléctricos al parque automotor del país. No obstante, no plantea soluciones transicionales, al tema a elevada la factura petrolera del país y a la necesidad imperante de buscar soluciones intermedias y graduales para su reducción (biocombustibles, aprovechamiento de potencial de gas natural por el país, para producción de energía firme). Por otro lado, sigue sin resolverse el tema de la competitividad del sector industrial que reclama por menores precios para la industria, algo que, también, debería pasar por una revisión de la matriz energética, pero en el marco de una correcta EAE.

Gestión Preventiva del Riesgo: nuestro país no solo se enfrenta a las fuentes de riesgo geológico (terremotos, actividad volcánica, deslizamientos, avalanchas, inundaciones, fallas geológicas activas, tsunamis en zonas costeras), sino también, a los efectos del Cambio Climático (desertificación, sequías, lluvias intensas, marejadas, deslaves y deslizamientos, entre otros).  Fuimos afectados por el Huracán Otto y la Tormenta Nate y, a pesar de las pérdidas de vidas y bienes materiales, aprendimos muy poco. Seguimos en una acción reactiva y no en la posición correcta, que es la acción preventiva. En esto, estamos estancados. Es urgente hacer Ordenamiento Ambiental del Territorio y trabajar en la Gestión preventiva del Riesgo y en el tema de los Seguros contra Desastres, cuyo costo, cada vez es más elevado y nos sumerge en una vorágine de gastos que nos hace retroceder en materia de desarrollo socioeconómico. Nos urge trabajar en ciudades e infraestructura resiliente a las diversas fuentes de desastres.

Síntesis: el resumen de la gestión en materia ambiental es claro: se ha perdido tiempo muy valioso. El sacrificio ambiental se ha incrementado y la protección del ambiente se ha debilitado notablemente. A pesar que se han hecho algunas pocas cosas buenas, las mismas quedas aplastadas por el peso de todas las otras cosas negativas que se hicieron o, por las cosas que pudieron hacerse y que se dejaron de lado. En medio de tanto viaje internacional, y poco viaje por la realidad de nuestro país, nuestras autoridades ambientales han cumplido muy bien ese refrán popular que reza: “candil en la calle y oscuridad en la casa”. Lo grave de todo esto, es que nuestro medio ambiente ya no aguanta más, el sacrificio ambiental inducido por las decisiones desacertadas y la severa disminución de la capacidad de resiliencia de nuestros ecosistemas, pronto nos cobrará la factura, que se traduce en pérdida de biodiversidad y, a su vez, en pérdida del atractivo turístico de nuestro país. Algo que nos hará mucho daño en el futuro.

Por todo eso, es que requerimos que las nuevas autoridades, asuman la responsabilidad de realizar el verdadero cambio que esperábamos que sucediera hace cuatro años y que, finalmente no se realizó. Nuestro país, merece y requiere, que avancemos, no que retrocedamos. 

 

Hablando ClaroEs un espacio de opinión que se apropia de las tecnologías de comunicación e información para crear un espacio deliberativo y constructivo, que contribuya al fortalecimiento de la libertad de expresión, congruente con la defensa de la democracia y la institucionalidad, para enfrentar los principales desafíos de nuestro país.

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