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Un proyecto de resolución fue circulado por Egipto durante el último fin de semana. Reunió este lunes 18 de diciembre del 2017 a los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: la iniciativa buscaba frenar la decisión unilateral de Estados Unidos del pasado 6 de diciembre de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. 

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Ante la declaración unilateral dada a conocer por el Presidente de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, en abierta violación a varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y al consenso sobre el estatuto internacional de Jerusalén por parte de la comunidad internacional (y ello desde hace 70 años), las reacciones no se han hecho esperar.

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En un comunicado dado a conocer este 27 de noviembre, diez expertos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos instaron a los Estados de América Latina y del Caribe a adoptar sin mayor preludios un instrumento vinculante sobre derechos humanos relacionados con la protección del ambiente (véase texto al final en español al final de esta nota, y versión oficial en inglés titulada "Latin America and Caribbean urgently need strong, legally binding treaty on environmental rights, say UN experts" disponible aquí).

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En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que inició en setiembre del 2017, se procedió este 16 de octubre a renovar en parte el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se trata del máximo órgano en materia de derechos humanos, compuesto por 47 Estados, electos por los 193 Estados miembros de la Asamblea General.

El Consejo de Derechos Humanos es un órgano creado en el 2006, dependiente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Anterior a él, existía la Comisión de Derechos Humanos constituida por 53 Estados Miembros, la cual permaneció desde su creación por el Consejo Económico y Social en 1947 hasta su disolución (en marzo del 2006) como el principal órgano de discusión y debate en materia de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas. En ambos casos, (tanto la Comisión como el Consejo), se está en presencia de un órgano intergubernamental - y por ende político - en el que participan de manera exclusiva los Estados con sus representantes en la toma de decisión.

Algunos espacios permiten que entidades de la sociedad civil presenten sus puntos de vista, de manera muy limitada y sin incidir mayormente en la toma de decisión del Consejo. Las técnicas usadas para la adopción de un texto en este órgano político de deliberación son la del consenso o la del voto, en caso de desacuerdo persistente entre sus integrantes.

En la actualidad, España y Australia por parte de los Estados occidentales, así como Chile, México y Perú, por América Latina, Angola, República Democrática del Congo, Senegal y Nigeria (por África) y, por la región Asia-Pácifico, Afganistán, Malasia, Maldivas, Nepal, Paquistán y Qatar, habían iniciado su campaña en pro de su elección. Cada Estado valoró la oportunidad de llevar a feliz término su candidatura, y hay que recodar que ninguna regla obliga a un Estado a integrar el Consejo de Derechos Humanos.

La repartición geográfica permite a América Latina y al Caribe beneficiar de ocho puestos dentro del Consejo de Derechos Humanos.

En la actualidad, estos son los siguientes Estados de América Latina y del Caribe que sesionan como miembros del Consejo de Derechos Humanos (entre paréntesis, año en que vence su mandato): Bolivia (2017), Brasil (2019), Cuba (2019), Ecuador (2018), El Salvador (2017), Panamá (2018), Paraguay (2017), Venezuela (2018).

En esta sesión plenaria del 2017, por parte de América Latina quedaron electos como miembros del Consejo de Derechos Humanos Chile con 175 votos a favor, México (179 votos favorables) y Perú (180). Al haber tres vacantes para la región, y tres postulaciones, el resultado no arrojó mayor sorpresa, pero ello no constituye la regla, como se verá a continuación.

En octubre del 2016, tres postulantes para dos vacantes para la región en el seno del Consejo de Derechos Humanos, dieron lugar al siguiente resultado: quedaron electos Brasil (con 137 votos a su favor) y Cuba (con 160 votos), no logrando su designación Guatemala (con 82 votos reunidos).

De igual manera, en octubre del 2015, lograron su elección Panamá (con 157 votos a favor), Ecuador (152) y Venezuela (131), mientras que Bahamas (con 113) no logró ser electa.

Sobre la votación realizada en octubre del 2014 en la que resultaron electos Bolivia (con 144 votos a favor), El Salvador (151) así como Paraguay (139), mientras que Costa Rica no logró obtener su elección (reuniendo tan solo 120 votos), remitimos a nuestro artículo titulado "Análisis político 5: Bolivia, El Salvador y Paraguay electos en el Consejo de Derechos Humanos (enero 2015)" disponible aquí.

En noviembre del 2013, fueron electos Cuba (con 148 votos a favor) y México (135), quedando fuera Uruguay, al cosechar solamente 93 votos.

En noviembre del 2012, lograron su objetivo Argentina (176 votos a favor), Brasil (184) y Venezuela (154), mientras que Bolivia reunió tan solo 2 votos.

Tal y como se puede apreciar con este breve recapitulativo de los últimos cinco ejercicios realizados por Estados de América Latina y del Caribe, las cifras correspondientes a los votos obtenidos son mayores para los Estados que desplegan una exitosa labor de cabildeo desde sus respectivos aparatos diplomáticos, la mayor marca registrada siendo la de Brasil con 184 votos obtenidos.

La última vez que Costa Rica logró su elección como integrante del Consejo de Derechos Humanos fue en el año 2011, obteniendo 138 votos favorables.

Publicado por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica en 10:06

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El 28 de setiembre del 2017, Colombia procedió a depositar formalmente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su documento escrito (contramemoria) en respuesta a una de las dos nuevas demandas presentadas en su contra por Nicaragua en el año 2013 (véase comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reproducido al final de esta nota).

Hablando ClaroEs un espacio de opinión que se apropia de las tecnologías de comunicación e información para crear un espacio deliberativo y constructivo, que contribuya al fortalecimiento de la libertad de expresión, congruente con la defensa de la democracia y la institucionalidad, para enfrentar los principales desafíos de nuestro país.

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